Redacción Agencia Libertad ANI (México 24 de agosto).- La administración de Andrés Manuel López Obrador exigió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mantener la prisión preventiva oficiosa.
Advirtió al Máximo Tribunal que dejar en manos de los jueces la decisión de aplicar prisión preventiva oficiosa, generaría una presión adicional exponiéndolos a la corrupción y a la violencia por el tipo de delitos que implica esta figura”, advierte el Gobierno de México.
A través de un comunicado, firmado por el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández y Consejera Jurídica de la Presidencia María Estela Ríos, el gobierno federal fijó su postura sobre el proyecto del ministro de la SCJN Luis María Aguilar Morales que declara inconstitucional la prisión preventiva.
El proyecto señala que esto no significa que deje de existir dicha figura, sino que ya no podrá aplicarse en automático y será el juez quien podrá imponerla “según las peculiaridades del caso”.
El gobierno federal pidió al máximo tribunal del país que al momento de resolver este proyecto considere la seguridad pública del país, a las víctimas de los delitos, el combate a la impunidad y el enorme esfuerzo que implica la persecución criminal donde participan fuerzas federales y estatales, así como las fiscalías locales y la FGR.
“En consecuencia, prevalezca la prisión preventiva oficiosa, tal como lo establece nuestra ley fundamental”.
El llamado fue hecho a propósito de que en próximos días la SCJN resolverá un juicio de amparo en revisión y las acciones de inconstitucionalidad 130/2019 y 136/2019 referentes a la figura establecida en el artículo 19 constitucional desde 2008.
La prisión preventiva oficiosa, dijo el Gobierno Federal, es fundamental en ciertos delitos para asegurar que los presuntos criminales no se sustraigan de la acción de la justicia durante el proceso penal.
El Gobierno indicó que en muchas ocasiones implica un gran esfuerzo detener a presuntos delincuentes, por lo que es necesario evitar que evadan la acción de la justicia y que puedan atentar contra víctimas y testigos, o sigan delinquiendo.
Por último solicitó a los magistrados considerar la seguridad pública del país, a las víctimas de los delitos, el combate a la impunidad y el enorme esfuerzo que implica la persecución criminal.
Los delitos que actualmente aceptan la prisión preventiva oficiosa son:
Abuso o violencia sexual contra menores
Delincuencia organizada
Homicidio doloso
Feminicidio
Violación
Secuestro
Trata de personas
Robo a casa habitación
Uso de programas sociales con fines electorales
Corrupción —tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones—
Robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades
Delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos
Delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares
Delitos cometidos con medios violentos, como armas y explosivos
Delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea
Delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud.
