*Participaron “Guerreros Unidos” y no hay indicios de que estén vivos
Redacción Agencia Libertad ANI (México 18 de agosto).- La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa fue un “crimen de Estado” en el que estuvieron involucrados autoridades de todos los niveles con la participación de “Guerreros Unidos” y no hay indicios de que estén vivos, señaló la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso .
Las conclusiones avaladas por expertos establecen que la desaparición de los normalistas, establecen que existen elementos suficientes para que FGR continúe indagatorias para deslindar responsabilidades en contra de 33 personas.
Aclaró que el caso no está cerrado, continúa hasta encontrar toda la verdad, localizar a los muchachos y castigar a los responsables.
El informe fue precedido por una reunión encabezada por el presidente López Obrador con madres y padres de los jóvenes. Como instruyó el primer mandatario, no se solapará ningún abuso o violación a derechos humanos ni injusticia alguna
“La desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano“, declaró Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno, en una conferencia de prensa.
El funcionario presentó las primeras conclusiones preliminares de la comisión que creó en 2018, sobre el caso de los 43 estudiantes que desaparecieron en Guerrero, estado del sur del país.
La comisión también concluyó “que autoridades federales y estatales del más alto nivel fueron omisas y negligentes” e, incluso, las acusó de “alterar hechos y circunstancias” para establecer una conclusión “ajena a la verdad”.
Sus acciones, omisiones y participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras seis personas”, mencionó Encinas sobre las autoridades, incluyendo miembros del Ejército y de las policías locales.
El funcionario también reconoció que “no hay indicios” de que ninguno de los estudiantes esté vivo y que “nunca estuvieron juntos” desde que se separan en la estación de autobuses de Iguala esa noche.
El 26 de septiembre de 2014 los estudiantes de la escuela para maestros rurales de Ayotzinapa desaparecieron cuando se dirigían a Ciudad de México para participar en una manifestación por el 2 de octubre.
Según la polémica versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la llamada “verdad histórica”, policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan.
La Administración de López Obrador ha desmentido esa “verdad”, al coincidir con familiares y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), y titular de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas Rodríguez, subrayó que continúa la investigación y la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa porque se trató de un crimen de Estado.
Por ello, afirmó que todavía existe una tarea larga en este caso:
“No estamos cerrando —como alguien lo ha señalado— la investigación, sino que, con toda esa investigación, continúa, continuará, hasta que encontremos toda la verdad, encontremos a los muchachos y se castigue a los responsables.”
Encinas Rodríguez dijo que, como instruyó el presidente Andrés Manuel López Obrador, no se solapará ningún abuso o violación a los derechos humanos ni tampoco injusticia alguna y todos los responsables deberán ser castigados.
Subrayó que el compromiso ético y moral del primer mandatario es conocer la verdad de lo sucedido, el paradero de los estudiantes, y encontrar y procesar a los responsables, “partiendo de una premisa que señalamos desde el primer día, en el sentido de que la única verdad sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa es que no había verdad alguna. Y un compromiso con los padres y madres de familia, en el sentido de que siempre, siempre les vamos a decir la verdad, por dolorosa que ésta sea”.
Recalcó que la creación de esa verdad histórica fue una acción que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes.
Contrario a ello, el informe y los anexos presentados hoy son de carácter público, lo que garantiza el derecho y acceso a la información con transparencia, tanto para las madres y los padres de los jóvenes, como para las y los mexicanos.
Durante el informe, señaló que, con reserva de la ley, la información presentada hoy se puede consultar en https://bit.ly/3Qy2jZ3
Detalló que a la fecha se ha podido contar con 41 mil 168 documentos, la mayoría ya han sido analizados y sistematizados dentro de la investigación, y que la mayor parte de ellos los ha proporcionado la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Indicó que se confirma la identificación de tres de los 43 estudiantes desaparecidos y no hay indicio de que los jóvenes se encuentren con vida, ya que todos los testimonios acreditan que fueron ultimados y desaparecidos.
Además –precisó– existen elementos suficientes para que la Fiscalía General de la República (FGR) continúe las indagatorias para el deslinde de responsabilidades en contra de 33 personas, a quienes se les llevan a cabo las diligencias judiciales correspondientes.
“Fue una reunión difícil, dolorosa, porque, como lo hemos señalado desde un principio, fue el compromiso que aseguró el presidente de la República desde antes de la llegada del gobierno.”
En el encuentro estuvieron presentes los secretarios de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon; de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González; y de Marina, José Rafael Ojeda Durán, así como el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.
Igualmente, el titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa de la FGR, Omar Gómez Trejo, una representación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) e integrantes del Centro Prodh.
Principales conclusiones del informe
El análisis de los hechos permite confirmar:
-Que la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano.
-Que autoridades federales y estatales del más alto nivel fueron omisas y negligentes, existiendo elementos de presunción respecto de alterar hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad de los hechos.
-Que en todo momento las autoridades federales, estatales y municipales tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes desde su salida de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” hasta su desaparición, y sus acciones, omisiones y participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como del homicidio de otras seis personas.
-Que en ningún momento la presencia de los estudiantes en Iguala obedeció a la intención de boicotear el acto de la presidenta municipal del DIF.
-Que el grupo delictivo actuó con amplio número de sicarios y halcones, a partir de un mando central y al menos tres células de halcones y sicarios, con el apoyo de distintas policías municipales y agentes del Estado.
-Que en ningún momento existió comunicación alguna entre los estudiantes y el grupo delictivo durante los hechos.
-Que, tras la salida de la terminal de autobuses de Iguala, en ningún momento los estudiantes estuvieron juntos durante su desaparición.
-Se confirma la intervención de la policía de Iguala en el aseguramiento de los estudiantes en el autobús 1531.
-Se confirma la presencia de policías de Huitzuco en el Palacio de Justicia de Iguala y en Santa Teresa.
-Se confirma el traslado del autobús Ecoter, sin pasaje, hacie el estado de Morelos, librando los retenes establecidos.
-Se confirma que los mandos militares de la región no realizaron acciones para la protección y búsqueda del soldado Julio César López Patolzin.
-Que, al filo de las 22:45h del 26 de septiembre de 2014, tras los hechos de violencia y persecución, se dio la orden de desaparecer a los estudiantes.
Se confirma la identificación de tres de los 43 estudiantes desaparecidos.
-Que no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con vida. Por el contrario, todos los testimonios y evidencias acreditan que fueron arteramente ultimados y desaparecidos.
-Que es necesario continuar la búsqueda en: la ribera del río Balsas y en la laguna del nuevo río Balsas; en Atzcala, municipio de Eduardo Neri; en la Barranca de Tonalapa, municipio de Tepecoacuilco; en Brecha de Lobos y en el paraje Suriana, en Iguala, así como en las inmediaciones de Tepeguaje.
-Que existen indicios para que la FGR inicie o continúe las indagatorias para el deslinde de responsabilidades en contra de integrantes de Guerreros Unidos, autoridades federales y municipales y contra quien resulte responsable por acción u omisión en estos delitos.
