Detiene la FGR a Jesús Murillo Karam ex procurador general de la república

*Lo acusan por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia en el caso Ayotzinapa

Adolfo Sánchez Venegas Agencia Libertad ANI (México 19 de agosto).- La Fiscalía General de la República detuvo esta tarde al ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam.

El ex titular de la desaparecida PGR durante la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, fue detenido por elementos de la Marina-Armada de México cuando salía de su casa en las Lomas de Chapultepec, por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia, en el caso Ayotzinapa.

Lucia Flores/Obturador.mx

El detenido colaboró con las autoridades sin oponer resistencia. Fue traslado a las instalaciones de la Fiscalía para las certificaciones correspondientes y enseguida será puesto a disposición de la autoridad judicial.

De acuerdo con reportes, el exfuncionario federal será trasladado al Reclusorio Norte.

Es el autor de “La verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

El jueves, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Iguala concluyó que los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron asesinados y posteriormente desaparecidos.

Las autoridades determinaron que el caso fue un “crimen de Estado” en el que estuvieron involucrados autoridades de todos los niveles.

La desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano“, declaró Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno, en una conferencia de prensa.

Según la polémica versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto, la llamada “verdad histórica”, policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan.

La Administración de López Obrador ha desmentido esa “verdad”, al coincidir con familiares y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.

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