*Monreal Ávila aclaró que no se sumará a ningún linchamiento
Redacción Agencia Libertad ANI (La Paz 21 de agosto).- Desde hace varias décadas, “la justicia en México está en entredicho”, por lo que en los casos de Jesús Murillo Karam y de Rosario Robles Berlanga es fundamental cumplir con los principios constitucionales de presunción de inocencia y debido proceso, estableció Ricardo Monreal Avila presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República.
“La justicia tiene cuentas pendientes con la sociedad. Lamentablemente, los poderes judiciales de casi todos los estados están al servicio de los gobiernos en turno o de intereses particulares”, indicó.
Ante los recientes arrestos y liberaciones, dijo que la población exige justicia de calidad.
Admitió que, desde hace varias décadas, “la justicia en México está en entredicho”, pues es de mala calidad; la que se imparte en el ámbito federal “se escapa un poco”.
Sin embargo, externó el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, a nivel local, “la justicia está subordinada a los gobernadores”, en la mayoría de los casos no hay independencia ni autonomía e, incluso, no hay recursos que hagan posible la libre actuación de los tribunales o de las fiscalías aparentemente autónomas.
En conferencia de prensa, que ofreció en la Paz, Baja California Sur, el senador aclaró que no se sumará “a ningún coro de linchamiento anticipado” en contra de Murillo Karam, titular de la Procuraduría General de la República en el gobierno de Enrique Peña Nieto, detenido el viernes pasado por desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de justicia en el caso Ayotzinapa.
Como abogado y maestro universitario, agregó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, deseo que “no se altere el debido proceso” ni la presunción de inocencia, principios que todos debemos cuidar.
Lo que creo, agregó, es que debe de haber justicia, que no haya impunidad, pero que se respete el principio de presunción de inocencia y el debido proceso.
También destacó que tanto el titular del Ejecutivo federal, como la comisión que se creó para dar seguimiento a la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos reconocen que se trató de un crimen de Estado.
Sobre la liberación de Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social del sexenio pasado, explicó que se le otorgaron medidas cautelares, para que desde su casa pueda seguir su caso, del que aún no se ha emitido una sentencia ni una resolución firme.
Explicó que ella estuvo en prisión preventiva oficiosa tres años, tiempo en el que el Poder Judicial debió resolver si es o no culpable.
“Ese es el tema de fondo: la tardanza de nuestra justicia, en perjuicio de los ciudadanos, no defiendo a Rosario, pero deseo que la justicia fuera más pronta, más expedita, en todos los casos”.
