Por Adolfo Sánchez Venegas
*Un sexenio perdido
*México camina hacia un régimen autoritario
*Monreal atado de manos por el gánster de Bucareli
*Vive el INE las últimas horas de autonomía e independencia
*Los recursos que supuestamente se ahorren a donde van ir a parar
Morena y la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República han hundido al país en la peor crisis de su historia y lo llevan hacia el autoritarismo en donde sólo se escucha y obedece la voz de quien hoy vive en Palacio Nacional como un rey.
Las instituciones que fueron creadas por iniciativa del gobierno e inclusive propuestas por los partidos de oposición han desaparecido como el Seguro Popular donde se le daba atención a la población de menores recursos económicos e incluso dentro de su cuadro de enfermedades se atendían a los enfermos de cáncer, de VIH y de otros padecimientos.
Ahora el sistema de salud vive su peor crisis de su historia no hay medicinas, no se atiende a los niños con cáncer, a las instituciones como el FUCAM les retiraron el apoyo gubernamental y ahora enfrentan severos problemas financieros. Lo mismo ocurrió con los institutos de salud que prestaban excelente atención a los enfermos.
Pero como fueron instituciones que fueron creadas por gobiernos priistas hay que destruirlos o desaparecerlos bajo el argumento de que hay corrupción o que los funcionarios ganan más que el Presidente.
El Seguro Social también enfrenta problemas de suministro de medicamentos y camas, no cuenta con anestesia para los pacientes que requieren una operación y deberá esperar hasta que llegue. La atención a los derechohabientes por parte del personal administrativo y médico ha bajado de calidad y de trato humanos, ahora se les trata con la punta del pie.
Todo lo que toca López Obrador y su partido es para acabarlo o modificarlo a su capricho y colocar un funcionario que nunca resolverá los padecimientos y problemas de los enfermos, pero si va escuchar la voz del amo y dirá lo que quiere escuchar que la 4 destrucción va por buen camino.
En alguna ocasión se escucho decir a Roció Nahle cuando fue diputada federal y la Coordinadora del Grupo Parlamentaria de Morena en el Palacio Legislativo de San Lázaro que ella no quería el seguro médico de gastos mayores y que iría al ISSSTE a formarse como cualquier cristiano para pedir cita.
Denunciaba de los gastos excesivos de la Cámara de Diputados y de sus integrantes, del número excesivo de asesores y de las supuestas instalaciones de lujo de los distintos grupos parlamentarios, pero nunca hablo de las “peticiones” para las oficinas de los legisladores morenistas.
La llamada austeridad republicana sólo existe para los más pobres, pero para los hombres y mujeres que tienen cargos de importancia en Morena y están ligados al poder tienen todo el derecho de exigir lo que quieran, incluso para sus familiares.
El derroche de dinero está a la orden del día y ahí está el caso de la refinería de “Dos Bocas” y el tren maya. La educación básica no cuenta con recursos suficientes que permitan mejorar las instalaciones educativas, el campo abandonado ya que los campesinos son utilizados para llenar el Zócalo capitalino o asambleas de Morena o satisfacer los caprichos del hombrecito de Palacio Nacional.
Han pasado cuatro años y la pobreza continua su marcha ascendente y somos uno de los países más corruptos del mundo.
El sexenio de López Obrador pasará a la historia como uno de los peores que ha tenido el país y para ocultar este desastre acusa a las clases medias, a los investigadores, empresarios y a los partidos de oposición de bloquear su 4 Destrucción y toda iniciativa que según él es para ayudar a los más pobres.
CAMBIO DE HOJA
A pesar de que el senador Ricardo Monreal Ávila ha señalado con pelos y señales los graves errores que contiene los dictámenes en materia electoral, el encargo de la política interior del país, Adán Augusto López Hernández, se apersono desde temprana hora para presionar a los senadores de Morena con el objetivo de que no se le hiciera ningún cambio a lo que quiere López Obrador, ahogar al INE y no pueda cumplir plenamente con su tarea de que haya elecciones limpias, transparentes y creíbles.
El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena está entre la espada y la pared. No tiene espacio para moverse y modificar aquellos artículos que cambiaron los diputados morenistas y sus remoras para satisfacer lo que el patrón exige.
De que sirvió el compromiso que asumió el legislador zacatecano ante la sociedad de que no se aprobarían los artículos reformados que violaran la Constitución. Incluso la OEA hizo un amplio reconocimiento al trabajo que ha desarrollado el INE para fortalecer el sistema electoral de nuestro país y que es un ejemplo a nivel internacional.
Pero López Obrador quiere ahorcar al instituto y para que se cumpla su orden envió a uno de su gánster más eficiente al Senado de la república para presionar a Monreal Ávila y no trate de convencer a alguno de sus compañeros de los graves errores que están a punto de cometer.
Ayer no pudo hacer nada para evita que se aprobara fast-track los dictámenes que hoy se presentarán al pleno senatorial y posteriormente su aprobación, ya que para ello se requiere del voto de la mayoría y Morena lo tiene.
El presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Armenta Mier, afirmó que las modificaciones a las leyes secundarias en materia electoral se analizan de manera seria y escrupulosa en el Senado de la República y los señalamientos que hizo Monreal Ávila seguramente fueron ignorados totalmente y para eso estuvo ahí desde temprana hora el ex gobernador de Tabasco y aspirante presidencial, López Hernández.
Si el guion sale como lo tienen previstos el secretario de Gobernación habrá dado un gran salto en sus aspiraciones políticas y demostrarle al Presidente que puede confiar en él y que puede ganar las elecciones en 2024 y Claudia Sheinbaum Pardo se quedaría en el camino y tratar de buscar otro cargo dentro de la administración morenista.
Los partidos de oposición representados en el Congreso de la Unión cuentan con las firmas suficientes para presentar un recurso de inconstitucionalidad y dar marcha atrás a esta aberración o en su caso presentar iniciativas para revertir lo que pretende Morena.
La Comisión de Gobernación, que preside la senadora Mónica Fernández Balboa, aprobó el Frankenstein electoral de Morena y de López Obrador y ahora el proyecto de reforma pasará al Pleno para su discusión y debate.
Entre las propuestas de modificaciones y adiciones, al Instituto se le otorga la facultad de ordenar la suspensión de la entrega de bienes o beneficios directos, indirectos, mediatos o inmediatos, en especie o en efectivo, a través de cualquier sistema que realicen candidatos, partidos políticos o cualquier persona, para promover el voto de una candidatura determinada.
También se restringe la facultad de sanción del Instituto sobre conductas que correspondan a otras autoridades, fiscales, administrativas y la posibilidad de vincularlas con conductas electorales.
La propuesta elimina la rama profesional administrativa del Servicio Profesional Electoral Nacional; además obliga a los órganos electorales a cumplir el mandato del artículo 127 constitucional, que ordena que las percepciones salariales de las personas consejeras electorales, de los magistrados electorales y de la totalidad de los servidores públicos del INE, sean siempre inferiores al salario del Presidente de la República.
Además, el calendario electoral se modifica, a efecto de compactar procesos y racionalizar los recursos disponibles para el proceso electoral y lograr ahorros importantes.
En materia de justicia electoral se crea el Procedimiento Único de Queja en Materia Electoral, mediante el cual se sustancian y resuelven los asuntos relacionados con la fiscalización y la remoción de consejerías de los Organismos Públicos Locales Electorales y se deja íntegramente el procedimiento especial sancionador.
También se establece la figura de la suplencia de la eficiencia de la queja para todos los medios de impugnación; se eliminan dos Salas Regionales que nunca entraron en funciones y la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral, cuyas atribuciones y competencia, serán absorbidas por la Sección Resolutora de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Se propone crear el Sistema Nacional Electoral, integrado por las facultades concurrentes del Instituto Nacional Electoral como autoridad rectora y los organismos públicos locales.
Además, se compacta la estructura orgánica del INE y de los organismos públicos locales; los órganos distritales pasan de carácter permanente a temporal, lo que reduce su número de 300 a aproximadamente 260 durante etapas no electorales.
De igual forma se impulsa la creación de la Comisión de Administración, compuesta por cinco personas consejeras en sustitución de la Junta General Ejecutiva, compuesta por las personas directoras ejecutivas, es decir, secretaria y presidente o presidenta del INE, responsables del manejo presupuestal.
La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y la Dirección Ejecutiva de Capacitación y Educación Cívica, se fusiona para formar la Dirección Ejecutiva de Organización y Capacitación Electoral.
Del mismo modo, se determinó que la Dirección Ejecutiva de Administración y la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, formaran la Dirección Ejecutiva.
Se plantea que el INE creará una Comisión de Presupuesto, quien determinaría la forma en que se regula y se reducen los tiempos de los procesos electorales, con la finalidad de eliminar acciones redundantes.
También, se modifican las etapas del proceso electoral; se actualiza la legislación sobre impartición de justicia electoral; se simplifican los medios de impugnación con la finalidad de compactar los procedimientos, subrayó la senadora.
Además, el dictamen que reforma la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, propone modificar la interpretación del concepto de propaganda gubernamental y garantizar el derecho a la información sobre la actuación pública.
Promueve la rendición de cuentas a través de la propaganda gubernamental, la cual podrá ser de carácter institucional, tener fines informativos, educativos o de orientación social y, asimismo, deberá ser útil, clara, oportuna y necesaria.
Modifica el término de Secretaría Administradora por Unidad Administradora, la cual sería la unidad administradora de cada ente público encargada de regular y vigilar que las acciones en las que se gasta el presupuesto asignado a comunicación social, incluida la propaganda gubernamental.
También estaría encargada de establecer prohibiciones en la difusión de campañas de comunicación social en cuanto a su contenido
La senadora panista Indira de Jesús Rosales San Román, aseguró que lo único que generará “la aprobación arbitraria” de estas reformas, es un retroceso en la vida electoral del país. Preocupa, dijo, que en 2024 se registre una elección de Estado, en la que se observará el despilfarro.
La priista Claudia Ruiz Massieu, consideró que estos dictámenes debieron discutirse y votarse en comisiones unidas, y ante la falta de los requisitos legales, la Comisión de Gobernación violó el Reglamento, ya que legislaron unilateralmente, sin la presencia de la oposición ni el quórum, por lo que en el bloque de contención “rechazamos la ilegalidad que hoy quieren formalizar y convertir en ley”.
El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del PRD, dijo que no se debe afectar al 80 por ciento de la plantilla de profesionalización y estructuras que le dan certeza jurídica al Instituto, así como transparencia y eficiencia a las votaciones, además destacó que el proyecto tiene inconsistencias y violaciones a la Constitución.
