Por: Arturo García Caudillo
Agencia Libertad ANI (México, 22 de mayo de 2023).- La nueva colaboradora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación(SCJN), Sonia Vargas, firmó contratos irregulares por 71.6 millones de dólares como funcionaria de las dos anteriores administraciones, particularmente mientras estuvo al servicio del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, así lo denunció el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez.
“Estamos hablando de un gigantesco mecanismo de extracción de dinero público que ronda los 700 millones de dólares. No es una cantidad menor, es una cantidad muy grande”, aseguró el funcionario morenista.
Recordó que esta causa lleva su curso en Estados Unidos, pues está ligada al juicio que se le sigue a García Luna: “El Gobierno mexicano como ya se ha informado ha acudido a los tribunales civiles del estado de Florida en donde se encuentra gran cantidad de estos bienes y de este dinero, en procura de que a través de un juicio civil sea restituido a México todos estos recursos”.
Lo anterior, explicó, al fungir como directora de Recursos Materiales de la extinta Policía Federal y a la par de otros funcionarios: «Estos actos están vinculados a un acto de corrupción, estas personas están involucradas porque son quienes personalmente firmaron los contratos y autorizaron las erogaciones”.
Además de Sonia Vargas, en esta lista también figuran el comisionado de la Policía Federal Preventiva, Rodrigo Esparza Cisterna; Facundo Rosas Rosas, comisionado general de la Policía Federal; Humberto Martínez González, director general de Apoyo Técnico; Rafael Avilez, jefe de la División de Fuerzas Federales; Luis Cárdenas Palomino, titular de la División de Seguridad Regional; y José Roberto Cardoso, como director general de Recursos Materiales.
La que manejó el monto más alto fue Sonia, en tanto que Esparza aparece con 69 millones 100 mil dólares; Facundo Rosas, con casi 26 millones de billetes verdes; Martínez con 37 millones; Avilés con 2 millones 500 mil; Cardozo con 12 millones de dólares; y el director de control de sentenciados, con 56 millones de dólares.
