Redacción Agencia Libertad ANI (México 06 de septiembre).- La Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos alertó de los riesgos que implica que la Guardia Nacional quede bajo la supervisión de la Defensa Nacional y que tenga bajo su responsabilidad la seguridad nacional, ya que pondría en riesgo loas derechos humanos de la población
Por ello, hizo un llamado al Senado de la república que en la discusión de la minuta de esta reforma se apegue en todo momento al marco constitucional y que este cuerpo de seguridad pública debe tener un marco civil y no militar
Advirtió que los riesgos de esta medida han sido advertidos por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (OACNUDH).
De manera particular, recordó, la CIDH reiteró a nuestro país sus compromisos internacionales y destacó los estándares interamericanos relacionados con el orden público interno y la seguridad ciudadana para señalar que el sentido de las modificaciones legislativas antes referidas avanzaba hacia una ruta opuesta.
Ante la consecuente remisión al Senado de la República de la iniciativa votada, la FMOPDH manifiesta su preocupación por los impactos que tendrán las modificaciones legislativas en la esfera de derechos de las personas y comunidades derivados de la ruptura de la cadena de mando civil de la Guardia Nacional para sujetarla al mando militar a cargo de la SEDENA, la ampliación de facultades de esa institución para la investigación e inteligencia, así como la extensión de los alcances del fuero militar, figura fuertemente combatida en nuestro país por favorecer las violaciones graves a derechos humanos contra la población civil.
A ello se suma, dijo, la ausencia de alguna figura de supervisión externa para asegurar la transparencia y rendición de cuentas en las acciones que emprenda la Guardia Nacional, especialmente las que involucran el uso de la fuerza en cualquiera de los niveles contemplados por la Ley Nacional de Uso de la Fuerza.
Por lo anterior, los organismos públicos que integran la Federación observamos importantes retos para el trabajo legislativo que continuará en la Cámara Revisora, y reiteramos la necesidad de considerar la relevancia de contar con un control civil y ciudadano de la seguridad pública que garantice la participación extraordinaria, subordinada, complementaria, regulada y transparente de la Guardia Nacional en las labores de seguridad pública y así disminuir la probabilidad de que se cometan violaciones a derechos humanos que ya han expuesto la responsabilidad internacional del Estado mexicano.
A la par, es preciso insistir en que, de consolidarse la delegación de la seguridad pública del país a las Fuerzas Armadas, se reduciría el margen de acción que actualmente tienen dichos organismos públicos de protección de derechos humanos en las entidades federativas para atender la conflictividad social que deriva de las funciones de seguridad pública en el territorio, en detrimento de la ciudadanía.
Esto es así puesto que, en la actualidad, uno de los mayores porcentajes de las quejas presentadas ante los organismos locales que conforman el Sistema No Jurisdiccional de Protección de Derechos Humanos en el país atiende a la violación de derechos humanos cometidas en el contexto del desarrollo de la función de seguridad pública y ciudadana, por lo que la falta de competencia de los organismos públicos locales de derechos humanos en relación con la Guardia Nacional generará un vacío en la atención de las víctimas, explicó.
Sumado a ello, expuso, preocupa el hecho de que la iniciativa aprobada omita el necesario debate respecto a los impactos que tienen las reformas, y que deberían de tener, en legislaciones secundarias como la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía para la generación de información clara en el subsistema de seguridad pública, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley Nacional del Uso de la Fuerza, la Ley Nacional del Registro de Detenciones, la Ley General de Víctimas y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, en particular por el reciente criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ordena el liderazgo de la Comisión Nacional de Búsqueda en la coordinación de las autoridades –incluida la Guardia Nacional y el Ejército- para la ejecución del plan de búsqueda de personas.
La Federación reiteró su compromiso con la paz, la defensa, garantía, protección y promoción de los derechos humanos de la población y hace un llamado al Senado para legislar con apego al mandato del bloque de constitucionalidad de nuestro país que implicaría recuperar el espíritu del Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), mismo que es claro en establecer el carácter civil de la Guardia Nacional como institución de seguridad pública.
