Por: Arturo García Caudillo Agencia Libertad ANI (México, 8 de febrero de 2023).- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general (263-26-91) y en lo particular (261-26-93), por mayoría, la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano.
Con esta nueva legislación se le otorgan nuevas facultades a las Fuerzas Aéreas y se restringe la participación de instituciones como la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), que por décadas fue la encargada de regular y administrar el uso de los cielos mexicanos.
Los diputados de las bancadas de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) votaron en abstención, en tanto que MC lo hizo en contra, al considerar que este es otro paso hacia la militarización, como explicó el senador emecista Sergio Barrera.
“Porque otra vez le dan atribuciones a la Sedena que debían ser exclusivas del orden civil. Ampliar el carácter operativo de las Fuerzas Aéreas en el espacio aéreo mexicano es militarizar el cielo. Todos los legisladores de oposición coincidimos en que era burdo querer aprobar algo que por más que tengan lealtad en Palacio Nacional, lo que buscan es exactamente eso, en lugar de con el país”, manifestó el legislador de Movimiento Ciudadano.
Pero además aclaró, “como cada vez que subo a esta tribuna: no estamos en contra de nuestras Fuerzas Armadas, sino todo lo contrario. De lo que estamos en contra es de otorgarle facultades y tareas que no le corresponden”.
De hecho, añadió, “se trata de una propuesta inconstitucional que contraviene el artículo 129. Además, su implementación invadiría competencias, generando problemas de coordinación que podrían derivar en accidentes aéreos”.
Además, “los cambios realizados sin ningún rigor técnico merman la certidumbre a la industria que genera 3.5 del PIB anualmente y suponen un riesgo para las y los usuarios. No existe justificación para separar o centralizar las funciones aeronáuticas que actualmente se regulan en la Ley de Aviación Civil”.
Por el contrario, “la modificación afectaría la vigilancia y la regulación de sanciones al ampliar este rubro de seguridad nacional, lo que abre las puertas de la discrecionalidad. La propuesta también carece de un enfoque de protección de derechos humanos con estas nuevas medidas, pues propone emplear elementos de la Guardia Nacional, pese a las reiteradas denuncias recibidas por el uso desmedido de la fuerza”.
La minuta pasa al Senado de la República para su revisión.
