- El organismo hizo un llamado urgente al Poder Judicial de Tamaulipas para que atienda el caso.
- Se ha excedido el plazo razonable establecido en la Constitución para que se determine su situación jurídica, señala.
Agencia Libertad ANI (México, 19 de mayo).-La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo un llamado urgente al Juez Primero de lo Penal de Primer Instancia del Quinto Distrito en el estado de Tamaulipas, para que se pronuncie sobre la situación jurídica de una mujer indígena guatemalteca que desde hace siete años y seis meses está presa y no ha recibido sentencia, lo que viola sus derechos a la presunción de inocencia, seguridad jurídica, el debido proceso en transversalidad con sus derechos al acceso a la justicia y a la libertad personal.
En un comunicado, el organismo detalló que desde 2018 sus familiares y sociedad civil dieron cuenta sobre los hechos violatorios y se ha dado puntual seguimiento al caso, incluso la Comisión de Derechos Humanos Estatal emitió las recomendaciones 001/2022 y 002/2022 al acreditarse violaciones a sus garantías individuales.
Comprobó que la víctima, mientras se encontraba en un domicilio donde era sometida a trabajos forzosos fue detenida por policías ministeriales junto con otras personas que se encontraban en el lugar, sin que conociera los motivos de su aprehensión, aunado a que en el momento de su aseguramiento no hablaba ni entendía el español, ya que su dialecto es de origen Chuj; posteriormente fue acusada del delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro.
Luego de ser trasladada a las instalaciones de la corporación policíaca en ciudad Reynosa, Tamaulipas y, mientras se encontraba bajo la custodia fue sometida a una serie de agresiones físicas y verbales. Además de que, presuntamente, estaba retenida en el lugar de los hechos para ser sometida a explotación laboral.
La víctima aseguró que ella había sido asegurada por traficantes de personas en su intento por llegar a los Estados Unidos y fue obligada a realizar trabajos forzosos en el lugar, no obstante, firmó su declaración de culpabilidad sin conocer el contenido de la misma, aunado a que nunca contó con asistencia jurídica adecuada y tampoco se le asignó una persona traductora. Fue durante su estancia en el centro penitenciario donde se encuentra actualmente que aprendió a hablar y a comprender el español.
La mujer guatemalteca ingresó al Centro de Ejecución de Sanciones Penales en Tamaulipas el 18 de abril de 2014, a fin de enfrentar su proceso en prisión preventiva; sin embargo hasta la fecha no hay ninguna resolución de primera y segunda instancia y/o auto de ejecutoria.
La CNDH señala que es preocupante que no solo se ha acreditado las violaciones a sus derechos humanos durante su detención. sino que también es de llamar la atención que se ha excedido el plazo razonable establecido en la Constitución Federal para que se determine su situación jurídica, lo que pone de manifiesto que es víctima de una posible discriminación interseccional e institucional en virtud de los diversos contextos que convergen al ser mujer, indígena, en situación de pobreza y migrante.
“La CNDH hace un urgente llamado al Poder Judicial del estado de Tamaulipas, así como a las Instituciones corresponsables del Estado mexicano para que se realicen, a la brevedad posible, acciones que permitan visibilizar la situación jurídica actual en la que se encuentra la víctima, a fin de realizar un análisis a fondo para que la medida de prisión preventiva impuesta no siga prolongarse innecesariamente en su perjuicio y para que, a la brevedad, se dicte una determinación al nivel de los más altos estándares nacionales e internacionales en la materia, con perspectiva de género, interseccional y conforme al principio pro persona, en tanto que, de seguir prolongando dicha medida sin justificación alguna, conlleva a una continua violación de sus derechos fundamentales, de las que las autoridades deberán hacerse responsables”, concluyó.
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