Agencia Libertad ANI (México, 23 de mayo).-Al presentar el Diagnóstico sobre los alcances y retos del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos manifestó la urgencia de contar con una política de Estado para su protección.
La Quinta Visitaduría General de este Organismo elaboró el documento que analiza las cifras sobre agresiones a este sector y considera que de nada sirven el Mecanismo de Protección si las condiciones estructurales permiten que periodistas y defensores de derechos humanos sigan siendo amenazados.
Recordó que de diciembre del 2018 a diciembre de 2021 se registraron 490 homicidios de periodistas, además de que en el sexenio anterior se contabilizaron 161 asesinatos de defensores de la tierra, cifra que ubicó a México en uno de los países más peligrosos para proteger el medio ambiente.
En lo que va del sexenio, añadió, 94 defensores de derechos humanos han sido privados de la vida, muertes que tienen su origen en el crimen organizado, la impunidad y la carencia de una cultura que dimensione la importancia de su labor.
Señaló que luego de revisar los informes elaborados por observatorios y organizaciones No Gubernamentales, encontró que se habla de «limitaciones a la libertad de expresión», pero no se cuenta con criterios para medirlas, ni mapas de agresiones que permitan identificar sus casusas y mucho menos se tiene esquemas de recomendaciones que ayuden a explicar la violencia.
“Simplemente se suman número sesgada, incluso a veces para aparentar escenarios muy convenientes a la narrativa de ciertas facciones o grupos políticos”, acusó.
La Comisión realiza una serie de recomendaciones para diferentes instancias, luego de señalar que no solo se trata de llevar un conteo de los periodistas y defensores de derechos humanos asesinados, sino analizar las causas y construir un esquema que garantice el ejercicio pleno de la libertad, el acceso a la justicia y a las garantías de no repetición.
La CNDH señaló que para combatir este flagelo, por una parte se debe construir un ambiente favorable y el ejercicio serio del periodismo y, por el otro, construir una política de Estado, ya que no basta solo con reforzarlo con más recursos o funciones.
Propone crear una nueva legislación acorde a la realidad y al tamaño de la exigencia, mediante la alianza de los tres poderes de la Unión y los tres niveles de gobierno, a fin de prevenir los crimines y evitar la normalización de las amenazas, así como la revisión del contexto de riesgo para reconstruir su vida y la de los suyos.
“Es bueno ofrecerles a las personas periodistas y defensores amenazadas medidas de protección, guardias de protección, un botón de pánico, etc. Sin embargo, lo fundamental es revertir el contexto violento y amenazante que obliga a su protección y eliminar las causas de las ayudas extraordinarias, meramente coyunturales para reconstruir la paz, haciendo justicia y eliminando la impunidad”, indicó.
Resulta necesario, agregó, abordar la problemática desde el papel que juega el crimen organizado, los intereses creados, la regionalización de cada problema, para buscar crear otra clase de medios e instrumentos que permita cumplir a cabalidad con el deber del Estado para garantizar la vida, seguridad física e integridad personal y psicoemocionales de personas que sufren ataque en el ejercicio de su libertad de expresión.
En 10 años de la existencia del Mecanismo de Protección ha beneficiado a mil 478 personas beneficiarias, de las cuales 10 fueron asesinadas.
