*La reforma en materia de subcontratación de personal provoco que el 20 por ciento de los trabajadores pasaran a la informalidad
Adolfo Sánchez Venegas Agencia Libertad ANI (México 19 de julio).- El próximo 1º de septiembre cumple un año de la entrada en vigor de la reforma en materia de subcontratación de personal y las empresas, sin importar su tamaño o tipo de industria- enfrentan tres grandes desafíos y son la incertidumbre sobre la legislación en la materia y los requerimientos legales; la falta de seguridad sobre cómo se van a sancionar las inspecciones; y estrategias que resultan conservadoras.
Lorena Amador, miembro del Comité de Comunicación de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH) mencionó que con la implementación de esta reforma, el escenario del empleo también tuvo un impacto importante.
Hizo notar que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que aproximadamente 700 mil trabajadores sufrieron una reducción salarial tras la eliminación del outsourcing, debido a que las empresas buscaron disminuir los costos asociados a la regularización del esquema de contratación en el cual se encontraban.
Por su parte, la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH) explica que el 20 por ciento de los trabajadores subcontratados que no fueron incorporados a las compañías, luego de la implementación de las modificaciones a la normativa, pasaron a la informalidad, trabajando bajo honorarios, o incluso quedaron desempleados, sin ningún tipo de seguridad social.
La asociación resaltó que los trabajadores que antes trabajaban de manera eventual hoy lo hacen bajo la figura de la informalidad.
El estudio “Desafíos de la Reforma de Subcontratación de Personal” -que consultó a más de 400 líderes y tomadores de decisiones- revela que el 38 por ciento de los encuestados coincide en que, tanto el paso de empleados temporales contratados bajo el esquema de subcontratación a la nómina de la organización, como su reducción o eliminación, ha sido un importante desafío al que enfrentaron a causa de la reforma.
Lorena Amador, expuso que “también es un hecho que, a partir de la publicación de la reforma, las pequeñas y medianas empresas se enfrentaron al desconocimiento de la ley y a la falta de capacidad económica para cumplir con los requisitos; sobre todo con el pago de aportaciones al IMSS y las contribuciones fiscales”.
Las Pymes, por ejemplo, han sido las más afectadas, pues representan el 99.8 por ciento del total de las empresas que operan en el país, son generadoras del 70 por ciento del empleo formal y contribuyen aproximadamente con el 52 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con las cifras más recientes de la Secretaría de Economía.
“La reforma ha implicado diversos panoramas y retos para las compañías que dependían de la tercerización formal y que actualmente buscan alternativas reales y legales, como los cambios en sus proyectos, incertidumbre ante los requerimientos legales, necesidad repentina de una nueva reestructuración de la fuerza de trabajo, entre otros”, refirió.
De acuerdo con el estudio mencionado, cerca del 47 por ciento de los trabajadores temporales eran y seguirán siendo necesarios, ya que su industria requiere flexibilidad debido a la demanda por temporalidad, e incluso para cubrir la escasez de habilidades especializadas.
¿Externalización de servicios especializados y subcontratación de personal?
Para las empresas aún existen muchas dudas respecto a la diferencia entre la externalización de servicios especializados y la subcontratación de personal. Dentro de los encuestados, un 22.31 por ciento aún desconoce la diferencia entre los dos esquemas y un 23.88 por ciento solamente lo puede hacer parcialmente.
“Hay que tener cuidado, ya que se han descubierto algunas empresas que, aprovechando la reforma laboral, han ofrecido diversas soluciones para que las compañías usuarias del servicio de subcontratación de personal, que ahora está prohibido, puedan seguir obteniendo beneficios que llevan consigo la evasión y elusión de las obligaciones obrero-patronales”, señala Lorena Amador.
La AMECH recomienda hacer un análisis de su objeto social y actividad económica preponderante, además de tener la certeza de que el contratista cuenta con el registro ante el REPSE, que lo avala como una empresa prestadora de Servicios Especializados u Obras Especializadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), ya que, en caso de no tenerlo, solo podrá ofrecer servicios de intermediación relacionados con el proceso de contratación de personal.
Además, las empresas deben considerar algunos puntos básicos al contratar un servicio especializado, ya que, si no se cumple con estos requisitos indispensables, podrían enfrentar un riesgo. Para empezar, deben asegurarse de que el registro ante el REPSE, de la empresa contratista de servicios u obras especializados, coincida con las actividades a desarrollar por los trabajadores que serán asignados al servicio.
Por otro lado, el servicio debe estar acordado entre ambas partes mediante un acuerdo comercial, que especifique el alcance, los entregables, indicadores clave de desempeño, el código de facturación, etc. Mientras tanto, la descripción de la factura debe coincidir con las actividades efectivamente prestadas y dichas actividades no deberán ser parte de su objeto social o actividad económica preponderante.
“A pesar de los repentinos cambios que han tenido que implementar las empresas, el nuevo marco regulatorio ofrece una estructura fortalecida a la legislación y garantiza que las compañías que utilizan este tipo de esquemas están cumpliendo con la nueva legislación”, concluyó Lorena Amador.
