Por A. Venegas Agencia Libertad ANI (México 26 de marzo de 2023).- La senadora Sylvana Beltrones Sánchez solicitó que la Secretaría de Gobernación ponga en marcha un programa integral para atender el desplazamiento forzado interno, que incluya mecanismos para garantizar la seguridad de las comunidades desplazadas y un registro federal de víctimas.
En un punto de acuerdo, reconoció que este tipo de casos datan de los años setenta “principalmente por conflictos de carácter religioso”.
Sin embargo, acotó, actualmente el desplazamiento forzado interno es una de las consecuencias del innegable incremento de la violencia, sobre todo de la ocasionada por el crimen organizado.
Por ello, exhortó, a la SEGOB para que atienda la problemática del Desplazamiento Forzado Interno en el país, a través del diseño, implementación y coordinación de un programa integral que incorpore, como características mínimas, elementos de seguridad para las comunidades desplazadas, tanto en su tránsito como en su lugar de circulación; así como la creación de un registro federal de víctimas de desplazamiento interno, dotado de presupuesto suficiente para brindarles atención integral.
La legisladora del PRI, indicó que las personas que sufren DFI se ven victimizadas de manera sistemática y se encuentran en condiciones de indefensión, ya que al ser obligadas a abandonar sus lugares de residencia y actividades económicas habituales pueden estar más expuestas a ser víctimas de otro tipo de delitos, como secuestros, robos, extorsiones o violaciones, a lo cual pueden sumarse en algunos casos la perdida de sus familiares, de sus medios de subsistencia, de documentos personales, de bienes patrimoniales y económicos, además de que pueden quedar imposibilitadas al acceso a los servicios básicos.
Apuntó que los casos de Desplazamiento Forzado Interno en México datan de los años setenta “principalmente por conflictos de carácter religioso, mientras que actualmente es una de las consecuencias del innegable incremento de la violencia, sobre todo de la ocasionada por el crimen organizado”
Mencionó que, a pesar de la existencia de este fenómeno social, resulta preocupante que desde hace décadas no exista una cifra oficial o una metodología aplicada desde las instancias gubernamentales, y la información que hoy se conoce es gracias al trabajo de asociaciones civiles y organismos autónomos.
Dio a conocer que de los datos directos del Censo de Población y Vivienda 2020 se desprende que 262 mil personas migraron de forma interna por causa de inseguridad delictiva o violencias entre 2015 y 2020, de las que 47.5 por ciento eran hombres y 52.5 por ciento mujeres; 27.5 por ciento tenían entre 5 y 19 años de edad.
El reporte global 2021 del Centro de Monitoreo sobre Desplazamiento Interno, agregó, identifica 9 mil 700 nuevos desplazamientos por conflictos en 2020 para nuestro país, con un acumulado de 357 mil.
Asimismo, señaló que en México la violencia continuó sin cesar a pesar de la pandemia. Los enfrentamientos entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la Familia Michoacana en el municipio de Zirándaro, en el estado de Guerrero, provocaron unos 2 mil 300 nuevos desplazamientos en enero y febrero, dejando pueblos enteros despoblados. Este fue el mayor movimiento de personas del año en el país, alertó.
Beltrones Sánchez estableció que todos los desplazamientos denunciados por los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil ocurrieron en zonas rurales. Gran parte de los desplazamientos urbanos pasan desapercibidos, pero los resultados del censo de 2020 sugieren que son frecuentes, sobre todo en el Estado de México y el Distrito Federal, que acogen a un gran número de desplazados internos.
El informe de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Episodios de desplazamiento interno forzado masivo en México, informa que el registro histórico acumulativo hasta diciembre de 2020 asciende a 356 mil 792 personas desplazadas de sus lugares de residencia.
De acuerdo con las cifras más recientes, prosiguió, en julio de 2022, se registró el desplazamiento forzado interno de 3 mil 411 personas.
En el 2021, comentó, la CMDPDH5 documentó un episodio sobre DFI de 23 personas originarias de la localidad Puerto Lobos del municipio de Caborca en Sonora, mismas que representan casi el 20% del total de personas que habitan esa comunidad, dedicadas a la pesca o a la agricultura y que carecen de recursos, donde la mayoría no accede a servicios básicos como la luz eléctrica.
Comentó que las personas desplazadas sufrieron violencia generada por grupos armados en junio de 2020; dicha movilización fue de siete familias con un perfil de población que incluye jóvenes, niñas y niños. Los medios de comunicación han reportado que el conflicto entre el cartel “Los Chapitos” y el “grupo de Rafael Caro Quintero” ha significado “a los primeros desplazados por la violencia familias han dejado su hogar por temor a ser víctimas de algún enfrentamiento armado, que ahora ya son comunes en la zona.
Apuntó que este problema social no ha sido completamente atendido por el Gobierno de la República. Las diferentes soluciones esgrimidas por sus instituciones no han generado resultados inmediatos ni políticas públicas de mediano o largo alcance. Esto ha ocasionado que las víctimas, alertó, sigan sin ser atendidas y que el problema continue creciendo.
