Adrián Valencia
Hace unos días se dio a conocer que el gobierno de los Estados Unidos recomendó a su población no viajar a los estados de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco, Guanajuato, Nayarit, Sonora, Zacatecas, el Estado de México, Morelos y Guerrero; entre otros lugares del territorio nacional, debido a los altos niveles de inseguridad que privan en esas zonas. Las autoridades norteamericanas lo tienen claro: la ausencia de gobierno en muchas regiones del país se ha convertido en una amenaza de primer nivel.
De hecho, en el ala republicana del Senado norteamericano es cada vez más fuerte el mensaje de alerta sobre la necesidad de intervenir en México para poner un alto a la sistemática vulneración de las leyes y a la violación de derechos humanos, acuerdos bilaterales y tratados internacionales, entre otros ordenamientos. Nos hemos convertido en un país sin gobierno y sin ley a los ojos del vecino país del norte.
Aunque la anterior afirmación lastime algún sueño nacionalista de este lado, la realidad es que el poder de los grupos de la delincuencia organizada ha rebasado al Estado Mexicano. La inacción del gobierno de López Obrador no sólo no ha servido de nada en lo que va del sexenio (que por cierto se encamina a ser el más violento de los últimos 20 años), sino que también ha provocado un profundo sentimiento de molestia entre los altos mandos de las Fuerzas Armadas, que hoy son humillados todos los días por los criminales.
Lo cierto es que los grupos de la delincuencia organizada en México ya no pueden verse como los cárteles que retratan las series de Netflix o los corridos que suenan en las fiestas familiares. Los grupos de hoy se distinguen por sus exacerbadas manifestaciones de violencia (propias de una guerra) y por el control que ejercen en múltiples actividades criminales que tienen a la población y a las autoridades, bajo asedio permanente.
De hecho, en su artículo “Más allá del tráfico de drogas: la diversificación del crimen organizado”, publicado en la revista Nexos, la especialista en temas de seguridad, Samanta Pérez Dávila, refiere los siguientes delitos (además del narcotráfico) como parte de las fuentes de ingreso de los grupos criminales en México: trata de personas, tráfico de migrantes, extorsión y/o cobro de piso, secuestro, piratería, robo de combustible, robo a vehículos en carretera, tráfico de recursos naturales (agua, minerales, maderas, etc.) y tráfico de medicamentos; entre otros.
Los delincuentes de hoy y sus actividades, como vemos, se han extendido con un cáncer que ha llevado a entidades enteras del país al borde de la inestabilidad y al éxodo de poblaciones enteras. México se ha convertido en una tierra sin ley y no hay quien pueda (o quiera) hacer algo a respecto. Un territorio en el que las bandas criminales continúan avanzando en su control y dominio, como si se tratara de la operación militar de un imperio.
Y mientras eso ocurre, en Palacio Nacional prefieren hacerse de la vista gorda (o peor aún ser cómplices) frente a la grave crisis de violencia, crimen e inseguridad que lastima a miles de familias.
Aquí, sin embargo, sigue la pasividad y en el otro lado de la frontera continúan encendiéndose las alarmas por lo que consideran podría ser una amenaza para la estabilidad de la sociedad moderna norteamericana. En el informe “Mexico: Organized and Drug Trafficking Organizations”, publicado por el servicio de investigación del Congreso de Estados Unidos, se hace énfasis en el nivel de penetración, arraigo y tolerancia que ha alcanzado la delincuencia organizada en el actual sexenio; así como sobre la ineficacia de la estrategia actual del gobierno mexicano para hacer frente al tema.
Además se esgrime una crítica por la escasa cooperación que existe entre ambas naciones, “la más débil en los últimos 15 años”, y se habla de los altos niveles de corrupción con los grupos criminales, que prevalecen en los más altos niveles de las esferas gubernamentales. Y bajo este terrible escenario, por cierto, nos encaminamos a superar las 110 mil ejecuciones.
La pregunta que surge ante un tema que se ha convertido en un problema transexenal, entre muchas otras, es: ¿todavía estamos a tiempo de rescatar al país de las garras del crimen o es tiempo de recurrir a la ayuda (y cooperación) internacional?
