*Atender resolución de la SCJN garantizará este derecho humano
Redacción Agencia Libertad ANI (México 28 de junio).- La Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, presidida por el diputado Rubén Gregorio Muñoz Álvarez, anunció que la próxima semana iniciará el proceso legislativo para cumplir la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto de la obligación del Congreso de la Unión en cuanto a expedir la nueva Ley General de Aguas.
Recordó que se mandató al Congreso de la Unión a fin de que en el siguiente periodo ordinario expida una nueva Ley que regule y resuelva la legislación pendiente del artículo reglamentario del 4º Constitucional, con el propósito de garantizar el derecho humano al vital líquido.
Por ello, dijo, informarán al presidente de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, Sergio Gutiérrez Luna, sobre el inicio de este proceso legislativo, en cuanto al análisis de las iniciativas impulsadas por la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la LXIV Legislatura, por diputadas y diputados de Morena, PAN y PT, así como lo expresado en distintos foros.
Detalló que “no podemos hacer una ley excluyente de ningún sector productivo nacional. Será importante el diálogo con las organizaciones del sector privado, agrícola y ganadero. Todos debemos ser parte de este esfuerzo que vamos a empezar a trabajar para darle al país un instrumento normativo que resuelva el tema de la concurrencia de los tres ámbitos de gobierno y atender el desafío de darle agua a todos los mexicanos”.
Anunció que se convocará, a partir de la próxima semana, para empezar la discusión de los primeros documentos, pero fundamentalmente iniciar la consulta al interior del Congreso, del Ejecutivo federal, de los gobiernos estatales y de todos los interesados en la tarea de construir una nueva Ley General de Aguas.
Exhortó a los integrantes para que presenten a sus grupos parlamentarios el diagnóstico que elabore la Comisión. “Debemos comprometernos para darle a México ese instrumento jurídico”.
La diputada petista Shirley Guadalupe Vázquez Romero, por medio de plataforma digital, llamó a defender los derechos de los pueblos indígenas en la elaboración de esa nueva ley, así como mejorar la calidad y las condiciones de potabilidad del agua de las comunidades originarias.
Francisco Javier Borrego Adame, representante de Morena, anunció que solicitará una ampliación del plazo para cumplir con la sentencia hasta el 2023; sin embargo, urgió a regular de forma inmediata, el tema del agua a las cervecerías y el gasto de este líquido. “Sí vamos por una nueva Ley de Aguas, pero hay que resolver los problemas que ya tenemos, como es que los ejidos y los más pobres del país no tienen acceso al agua”.
Vía telemática, el diputado de Acción Nacional, Noel Mata Atilano, dijo que hay que atender el mandato de la Corte, a fin de darle prioridad y no prolongar más el tema de emitir la ley que garantice el derecho humano al agua de todas las personas en sus diferentes actividades. “Estamos dispuestos a trabajar en ello, pero debe ir acompañada de un sustancial incremento de recursos en el presupuesto”.
En la reunión se dio a conocer el documento “Numeralia básica del agua en México”, elaborado por asesores de la Comisión y algunos externos, el cual contempla datos del INEGI Coneval y Conagua, sobre población, recursos hídricos disponibles y las coberturas de agua potables y alcantarillado.
Muñoz Álvarez expuso que para trabajar en una nueva ley es importante compartir una misma base de información, porque si el artículo 4º Constitucional mandata que el agua es un derecho para todas y todos, “necesitamos saber de cuántos mexicanos estamos hablando”.
Indicó que este primer documento forma parte del diagnóstico que se trabaja en la Comisión para tener una radiografía de la problemática que enfrentan los dos mil 471 municipios y “veamos porqué será necesario revisar en el nuevo marco jurídico esa condición que tienen los municipios, a los que se les confirieron facultades para otorgar el servicio del agua, pero no obligaciones, y en donde tenemos problemas en el Sistema Tarifario Nacional”.
Lo que pasa en la ciudad de Monterrey, dijo, es inadmisible, y puede replicarse a otras partes del país si no se toman las medidas de ordenamiento del recurso, de cobrar el agua a los grandes usuarios, de invertir lo necesario en obras de tratamiento y establecer una legislación específica en cuanto al uso y reuso del agua.
El documento precisa que el país se encuentra con una concentración de agua al sur país, y en la zona noroeste (parte norte) hay una menor disponibilidad. Sin embargo, el Producto Interno Bruto tiene mayor participación de la parte norte.
Señala que para el año 2030 la presión de los recursos hídricos estaría aumentando, por lo tanto, la disponibilidad media per cápita también se estaría marcando en zonas como el Valle de México, Baja California, Chihuahua, Nuevo León y Coahuila. Por ello, se necesitan acciones congruentes para que se pueda contrarrestar.
A medida que ha crecido la población la cobertura no ha podido ir a la par, ya que dentro de los servicios en la vivienda el fundamental es el agua potable, enfatiza el documento.
En cuanto a las tarifas en los municipios, señala que algunas tienen el promedio de metro cúbico en tres pesos u otros que van en 29 pesos, conforme a datos de 2018. Añade que falta cobertura del servicio en las zonas urbanas-rurales y cobrar a los que más consumen.
