Adolfo Sánchez Venegas Agencia Libertad ANI (México 12 de oct).- Las personas en prisión preventiva y sin sentencia firme tienen todo el derecho a participar y votar, y una buena oportunidad para garantizarles este derecho, podría ser en una prueba piloto durante los ejercicios de participación ciudadana en la capital del país, coincidieron personas consejeras del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) durante la tercera “Mesa de diálogo para la garantía del voto de personas en prisión preventiva en la Ciudad de México”, organizada por el Congreso de la Ciudad de México.
En su participación, la Consejera Presidente del IECM, Patricia Avendaño Durán, refirió que el órgano electoral cuenta con las herramientas para organizar un ejercicio de este tipo al interior de los centros de readaptación; sin embargo, sostuvo que el primer paso sería conocer los elementos técnicos para su implementación como es que las personas en prisión preventiva cuenten con la credencial de elector vigente y estén en la Lista Nominal de Electores, así como definir la modalidad de votación a implementar, que pudiera ser electrónica o presencial.
Informó que en el IECM ya se trabaja en un análisis para generar alternativas que garanticen los derechos político-electorales para las personas en prisión preventiva y que ya se cuenta con un diagnóstico para conocer la situación. Apuntó que “una buena alternativa es el voto electrónico porque genera confianza y da certeza de una persona, un voto, obteniendo resultados inmediatos y a bajo costo”.
En su oportunidad, la Consejera Carolina del Ángel Cruz sostuvo que este no es un tema solamente de derechos humanos, sino del derecho a votar, lo cual resulta complicado. Dijo que los órganos electorales deben garantizar el voto de las personas en prisión preventiva en los procesos electorales y en los ejercicios de participación ciudadana.
Consideró que entre los elementos a definir, además de los mecanismos de votación, se encuentra el precisar quiénes serán las personas que fungirán como representantes de mesa de casillas. Adicionalmente, señaló: “debemos analizar cómo lograr que las campañas electorales y las propuestas políticas lleguen al interior de los centros de reclusión”.
A su vez, el Consejero Bernardo Valle Monroy informó que para el IECM es muy importante visibilizar y trabajar que poblaciones y grupos que han visto cancelados sus derechos político-electorales, puedan acceder a ellos. En el caso de las personas en prisión preventiva, dijo, vemos como una acción afirmativa el que ya se trabaje en su derecho al voto; sin embargo, sostuvo que aún queda mucho trabajo por hacer.
Estimó necesario incluir a las personas en prisión preventiva en los mecanismos democráticos como los ejercicios de participación ciudadana, lo que les permitirá reinsertarse en sus comunidades y podrán seguir teniendo vínculos en su lugar de origen como sus colonias, pueblos o barrios.
Por su parte, el Consejero Ernesto Ramos Mega indicó que los órganos electorales no deben esperar a que haya una reforma electoral para garantizar los derechos político-electorales de las personas en prisión preventiva, sino que se deben hacer pruebas piloto dentro de los centros de readaptación para que este sector pueda votar.
Dijo que en los órganos electorales se cuenta con los elementos técnicos para implementar el voto para las personas en prisión preventiva, de manera exitosa, y un primer paso podría ser que participen en los Consultas de Presupuesto Participativo, ya sea de manera presencial a través de una boleta de papel o por la vía electrónica, en donde los costos se reducirían considerablemente, obtenido resultados inmediatos y confiables.
En tanto, la Consejera Erika Estrada Ruiz reconoció que todas las autoridades se deben involucrar en este tema, desde la sociedad civil, las autoridades electorales, academia, partidos políticos y la legislatura. “Tenemos que trabajar de manera preventiva en educación cívica. Desde la niñez y las juventudes se debe educar para que aprendan a ejercer sus derechos”, apuntó.
Coincidió que, para garantizar el derecho al voto de las personas en prisión preventiva, una buena acción es el uso de las tecnologías, lo que evitaría errores humanos, reduciría costos y generaría resultados inmediatos de manera segura.
En su intervención, el diputado local Temístocles Villanueva indicó que negar el voto de las personas en prisión preventiva debilita el empoderamiento de la ciudadanía y su participación en la vida pública, por lo que, dijo, es importante legislar para garantizarles su derecho al voto. De la misma forma, aseguró que se deben establecer mecanismos para incluirlos en la Lista Nominal Electoral y los institutos electorales deben garantizar toda la información electoral para las personas en esta condición.
El Diputado local Aníbal Cáñez Morales señaló que permitir el voto de las personas en prisión preventiva garantizará sus derechos humanos y los político-electorales, lo que coadyuvará a su reinserción en la sociedad. Consideró que privarles el derecho al voto constituye una pena desproporcionada, por lo que México tiene una deuda pendiente, “por ello debemos legislar para reconocer el derecho de todas las personas”.
En su exposición, la profesora en Derecho y Política Criminal de la Faculta de Derecho en la FES Aragón y Acatlán de la UNAM, Lizbeth Padilla Sanabria, indicó que una de las garantías mínimas que no se deben rescindir es la presunción de inocencia y no restringir algún derecho ciudadano, por lo que las personas en prisión preventiva tienen el derecho a todo, incluido el derecho a votar.
En tanto, el Director del Instituto de Reinserción Social, Arturo Morell, consideró que no se pueden llamar centros de readaptación a los lugares en donde no se garantizan los derechos político-electorales de las personas. Por ello, indicó, el reto es convencer a las personas que aún son renuentes a permitir el voto de las personas en prisión preventiva. “Debemos sensibilizar a la sociedad de que se deben generar los derechos humanos para todas las personas”, afirmó.
A nombre de la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, el Maestro Iván García indicó que las personas privadas de la libertad no han tenido oportunidad de ser incluirlas en la política, por lo que deben ser tomadas en cuenta, con el fin de cambiar su situación y reinsertarlas en la sociedad.
La Defensora Pública de Participación Ciudadana y de Procesos Democráticos del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, Sandra Vivanco, dijo que si hay una posibilidad de hacer una prueba piloto de votación con personas en prisión preventiva, debe ser en el próximo proceso electoral en la Ciudad de México, por lo que aseguró, desde la Defensoría buscarán trabajar con el Congreso local para hacer posible este ejercicio ciudadano de garantía de derechos humanos.
Finalmente, la Coordinadora de Políticas Públicas e Incidencia en CEA Justicia Social, Valentina Lloret Sandoval hizo un llamado a los partidos políticos a presentar propuestas para garantizar el derecho a votar de las personas en prisión preventiva, así como definir los medios para generar un voto informado.
En el encuentro moderado por la Diputada local Yuriri Ayala Zúñiga, se acordó integrar todas las propuestas y opiniones planteadas para trabajar una reforma electoral que garantice los derechos político-electorales de las personas en prisión preventiva.
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