Se estudiarán los casos de las personas que están en prisión preventiva y que llevan más de dos años detenidas

*El presidente de la SCJN anunció que también se verá la situación jurídica de las internas de Santa Martha Acatitla

Agencia Libertad ANI (México 18 mayo).- Iniciará la revisión de todas las personas que están procesadas y con más de dos años de prisión preventiva, para que se justifique esa medida y, en su caso, sean liberados de acuerdo a un criterio del Máximo Tribunal del país, señaló Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

Promoveremos para abrir incidentes en los cuales, dijo, se revise la prisión preventiva de cualquier persona que tenga más de dos años en prisión.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aseguró que esta medida beneficiará a todos los que son atendidos por defensoras y defensores del Instituto de la Defensoría Pública Federal.

Además, expresó en conferencia de prensa que coadyuvaremos con el Instituto de la Defensoría Pública de la Ciudad de México, para que se pueda hacer lo mismo en el caso de las mujeres de Santa Martha Acatitla, luego de que se presentaron cinco medidas derivadas de su visita la semana pasada a ese centro de readaptación social.

Dio a conocer que la primera medida es la integración de 550 asuntos de las internas que se encuentran en ese penal, de los cuales personal de lDPF tomará la defensa de 200 casos.

También, abundó, se tomará la defensa inmediata de 200 asuntos que por sus características, se podrán lograr resultados favorables en beneficio de las mujeres.

En la sede de la SCJN, precisó que de la revisión de los casos con más de 2 años de prisión preventiva se emitirá un acuerdo para concentrar en dos o tres Juzgados de Distrito los amparos directos en contra de la determinación de prisión preventiva justificada.

El objetivo, explicó, es integrar los elementos y las reglas que no están claros en la ley, de qué elementos deben tomar los jueces para que tomen esa medida.

El presidente del Consejo de la Judicatura Federal, mencionó que otra de las medidas será seguir con el litigio estratégico de casos con el personal del instituto para los casos de defensa con perspectiva de género.

Una más, prosiguió, es el apoyo a las personas indígenas que están en prisión, por lo que se comenzarán a revisar casos en los estados de Oaxaca y Chiapas, en casos locales.

Rechazó que el Poder Judicial haya sido un obstáculo en los trabajos para esclarecer la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, como señalo Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

Sostuvo que el PJF no ha sido obstáculo, en lo más mínimo, en este lamentable caso, al contrario, ha estado a lo largo del tiempo en varias reuniones en donde estuvieron los padres de los jóvenes desaparecidos y, con sus decisiones, está cumpliendo su responsabilidad.

Zaldívar Lelo de Larrea expuso que si hay resoluciones de jueces que ordenan la libertad de los detenidos, es porque en algunos casos se acreditó que hubo violaciones al debido proceso, como tortura.

Si hay sentencias de los jueces en el Caso Ayotzinapa, que le parecen a la Fiscalía que no son conformes a derecho, para eso hay recursos, pero lo que creo que no es correcto es denostar al PJF cuando una decisión no les parece adecuada, estableció.

Luego presentó un avance de una serie documental titulada “Caníbal, indignación total”, patrocinada por la SCJN.

El programa aborda el caso de Andrés Mendoza, el llamado “Caníbal de Atizapán”, al que calificó como un asesino serial que cometió feminicidios por más de 30 años en el Estado de México.

El objetivo, explicó, es mostrar a la sociedad que personal del IDPF está asistiendo a familiares de las víctimas, debido a que no estaban recibiendo apoyo de ninguna autoridad para revisar la desaparición y feminicidio de mujeres.

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