Por Rafael Ortíz Cárcamo
Cada vez más es frecuente escuchar en las pláticas de café entre los políticos la pregunta sobre si el presidente toma decisiones con bases sólidas o con las versiones de un gabinete y/o staff del que cuando menos, sobre sus capacidades hay dudas.
El caso de la compra o venta de la marca de Mexicana de Aviación no es la excepción es un claro ejemplo pues llevamos desde noviembre escuchando al presidente decir una y otra vez que ya casi está lista la compra, que sólo son unos temas legales, que todos los trabajadores están de acuerdo y que ya mero o ya casi.
Alguien debe estarle pasando otros datos al presidente pues, resulta que los pequeños problemitas que hay que resolver son, si es que somos benevolentes y otorgamos el beneficio de la duda, producto de una mala actuación por parte de los mandos medios de la STyPS quienes “olvidaron” convocar a la mitad de los jubilados con un laudo definitivo emitido en 2016 dentro del juicio 88/2015. Esto y la velocidad con la que la Secretaría, los líderes sindicales y 2 asociaciones civiles quisieron anunciar en redes que eso ya estaba pactado, provocó que los desinformados solicitaran un amparo por ese posible acto que, de conformidad a su laudo, afectaría el monto a recibir.
Sucede que ninguno de los trabajadores, esté de acuerdo o no, conoce a ciencia cierta los términos del acuerdo o, en otras palabras, cuándo y cuánto va a recibir cada quién. Tampoco parece quedar claro a la Secretaría del Trabajo y PREVISION SOCIAL, ni a los que posan en la foto de ese acuerdo, que los embargos que garantizan el derecho a un pago y la decisión de desistirse de ellos (total o parcialmente), son un derecho individual; o sea que, ni los sindicatos, ni los abogados, ni quienes presiden las asociaciones civiles pueden, en nombre de un trabajador, aceptar o rechazar su única garantía (jurídica) de pago otorgada por autoridad judicial.
Y es que en lugar de actuar conforme los preceptos invocados una y otra vez por el presidente y por la 4T: llamar al diálogo, llegar a acuerdos y sobre todo, favorecer a los más desprotegidos, la Subsecretaría de Trabajo de la STyPS intenta limpiar su desaseada actuación mandando a los signantes del acuerdo a atacar mediáticamente al abogado que defiende a los jubilados, esto bajo el infantil argumento de que con el amparo -otorgado ya por el poder judicial federal y que detiene la compra por ahora-, el abogado intenta garantizar sus honorarios. Con esta acción más bien parece que alguien le ha susurrado al oído que su error no tiene enmienda y que si la compra se cae será porque no se documentó bien del expediente, de los actores y de las consecuencias de no acordar con todos y que, basta con que un trabajador (activo o jubilado) no esté de acuerdo en ceder sus derechos ya sentenciados, para que la compra no se ejecute y entonces su jefa o el mismo presidente podrían preguntarle: ¿Pues no que estaban todos de acuerdo?. Mejor buscar culpables públicos antes que reconocer su error.
Lo cierto es que al día de hoy no hay, ni de un lado ni del otro, persona alguna que se niegue a la compra. Demasiada desinformación y ruido mediático. Lo cierto es que:
1.- Todos aprobamos la decisión del presidente de comprar la marca y quizá hasta la de que Mexicana vuelva a volar a manos de los militares.
2.- Todos los trabajadores y no sólo los jubilados tienen laudos que les permitieron embargar la marca y con ello garantizar las deudas. Si el dinero que paga el gobierno por la marca no alcanza o no es suficiente, la autoridad cuenta con criterios que permiten ir pagando en un orden determinado por la ley y hasta donde alcance pues, no sólo la marca puede responder esas deudas, hay empresas funcionando y fideicomisos creados para pagar deudas con los trabajadores de Mexicana.
3.- Si un grupo de jubilados obtuvo la suspensión de la venta es porque algo hizo mal alguna autoridad (eso son los amparos, recursos jurídicos contra actos de la autoridad). En todo caso es ella y no un abogado, pero menos aún los jubilados, la responsable de que no se pueda llevar acabo la propuesta del presidente. Tampoco es que en México los jueces regalen amparos en favor de los que menos tienen (trabajadores) y en contra del gran aparato del estado (Junta de Conciliación y arbitraje) y menos en este régimen en el que la corrupción se está erradicando.
4.- Si es cierto lo que en medios se dice sobre la repartición de los recursos: a prorrata entre todos los trabajadores y de acuerdo a la última nómina recibida en 2010, eso equivale a desconocer los derechos laborales de todos ellos y que ya fueron reconocidos y laudados por la misma JFCA (la que hoy litiga en el amparo contra su propio laudo), equivale a tratarlos bajo los criterios del concurso mercanti; es decir como si fueran proveedores de refrescos o papelería y no como trabajadores. Es equivalente a otorgar más dinero a quienes tenían más salario (altos directivos y supervisores) y menos a los que menos cobraban (empleados de tierra, oficinas y sobrecargos); equivale en el caso de los jubilados a un aproximado del 2% de lo que su laudo, después de años de lucha, les otorgó (54 meses de adeudo en 2016 y las venideras).
5.- Tratar a los jubilados igual que a los trabajadores activos no es ni equitativo ni justo. No son lo miso los Jóvenes construyendo el futuro o el apoyo al desempleo (temporal) que el Programa de Adultos Mayores. Es como ya se dijo, contrario a lo que la ley y la justicia ya les reconoció. No son iguales a los trabajadores que estaban activos pues éstos, o bien ya trabajan en otra aerolínea, o bien decidieron concluir su carrera en la aviación, era gente en edad y en condiciones de trabajar, pero los jubilados pierden su derecho humano a la pensión por haber trabajado durante más de 25 años, ya no tienen edad y en México nadie contrata personas mayores. Es, en pocas palabras, atentar contra la posibilidad de contar con un ingreso mínimo vital, o sea su derecho a sobrevivir.
Se los dice un jubilado de Mexicana de aviación.
