Preocupa que la mayoría de los candidatos a las seis gubernaturas no saben como enfrentar la inseguridad

*Sólo 4 de los 27 aspirantes tienen un plan en la materia para gobernar

Redacción

Agencia Libertad ANI (México 31 mayo).- Es sumamente lamentable que la mayoría de los candidatos a las gubernaturas de los estados de Quintana Roo, Hidalgo, Oaxaca, Durango, Hidalgo y Aguascalientes no sepan qué van a hacer frente al principal problema que aqueja al país y que es la inseguridad pública y que no les interesa dialogar con la sociedad.

Con miras a las elecciones de este próximo 5 de junio, el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, abrió un espacio para que los candidatos a las gubernaturas de estas seis entidades compartieran sus propuestas de seguridad y justicia, en el proyecto Por un México Seguro, el cual permitió conocer que sólo 4 de los 27 aspirantes a este cargo, tienen un plan en la materia para gobernar.

El número total de candidatos en Aguascalientes fue de 5; en Durango 3; en Hidalgo 4; en Oaxaca 7; en Quintana Roo 5 y en Tamaulipas 3.

En conferencia de prensa el director del ONC, Francisco Rivas explicó que este proyecto que se lleva a cabo desde 2018, tiene como objetivo proporcionarle a la ciudadanía la información necesaria para que ejerza un voto informado acerca del conocimiento, claridad y factibilidad de las propuestas de los candidatos para combatir el lavado de dinero, la trata de personas, el tráfico de armas.

Así como para para prevenir la ocurrencia de delitos; fortalecer las policías, mejorar la procuración de justicia y la reinserción social; qué política de drogas, de derechos humanos y de coordinación con los otros niveles de gobierno habrán de implementar.

Hizo notar que los candidatos que aceptaron participar en Por un México Seguro debían responder 242 preguntas específicas que tocan dichos temas y en las cuales cada uno debía asignar niveles de prioridad a sus propuestas.

Destacó que fueron halladas contradicciones, simplificaciones o ausencias para el cumplimiento de los planes de seguridad en las propuestas de los candidatos entre las que destacan:

Por un lado los aspirantes proponen acciones de fortalecimiento institucional, multiplicar el número de policías; acelerar la completa implementación del Sistema de Justicia Penal; apoyar la formación de policías comunitarias; transformar el modelo de reinserción social de la población penitencia-; por el otro, no queda claro con qué recursos o cómo lograrán subsanar los recortes presupuestales que desde hace 3 años se han puesto en marcha en el Honorable Congreso de la Unión.

De manera similar, si los candidatos manifiestan concentrar recursos presupuestales para la prevención del delito, también apuestan al populismo penal, es decir, incrementar penas y disminuir la edad de detención para jóvenes que cometen delitos.

Apuntó que es muy positiva la intención manifiesta por hacer más efectiva la procuración de justicia a través de una mayor proporción de personas sentenciadas; de privilegiar la protección de los derechos humanos y de transformar el modelo de reinserción social de la población penitencia, falta entender cómo y -de nuevo con qué recursos.

El proyecto Por un México Seguro indica que en Aguascalientes el número total de candidatos fue de 5; en Durango 3; en Hidalgo 4; en Oaxaca 7; en Quintana Roo 5

y en Tamaulipas 3.

Entre los aspectos generales de participación y claridad de este ejercicio se puede, puntualizo, es que 25 de los 27 (93 por ciento) candidatos tienen experiencia legislativa o de gobierno.

De los 27 candidatos, añadió, 13 se comprometieron a participar y 14 declinaron sumarse a este ejercicio ciudadano.

Comentó que la entidad con el mayor porcentaje de participación fue Quintana Roo con el 80 por ciento de los candidatos, seguido de Durango con el 67 por ciento, Tamaulipas con el 33 por ciento y Oaxaca con el 14 por ciento. Ninguno de los candidatos de Aguascalientes e Hidalgo transparentó su propuesta en materia de seguridad y justicia.

Hizo notar que pese a cualquier inconsistencia y debilidad en las propuestas que los candidatos manifestaron en los cuestionarios de Por un México Seguro, se debe reconocer a Esteban Villegas, Patricia Flores, César Verástegui y Mara Lezama, por ser candidatos con un plan para mejorar las condiciones de seguridad y justicia de las entidades que aspiran gobernar, así como por demostrar su disposición con los ciudadanos.

En los casos de Alejandra García, Nivardo Mena, José Luis Pech y Laura Fernández que no lograron concluir con las 242 preguntas de dicho ejercicio, externo, confiamos en que hayan podido reflexionar sus carencias y a partir de ahí trabajen para desarrollar con un plan concreto y realizable.

Sin embargo, consideró que es sumamente lamentable que la mayoría de los candidatos no sepa qué van a hacer frente al principal problema del país, ni les interese dialogar con la sociedad.

Además, expresó que esta situación es extremadamente preocupante si se toman en consideración los retos que deberán enfrentar los próximos gobernantes de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.

De estas entidades, insistió, la que presenta una situación crítica es Quintana Roo tanto por los índices de los delitos de alto impacto como por la diversidad y complejidad de los fenómenos.

En esta última sobresale que participaron todos los candidatos con excepción de una de ellas, acotó, lo cual parecería evidenciar que al menos reconocen la crisis de seguridad que atraviesa la entidad.

Destacó que la enseñanza de los ejercicios de 2018, 2021 y 2022, es que los candidatos punteros apuestan a ganar con el apoyo de sus partidos, de grupos de interés e incluso de la delincuencia organizada; rara vez un candidato puntero es transparente y exhibe disposición a la rendición de cuentas acerca de cómo se compromete a resolver los problemas del municipio o entidad que busca

gobernar.

Lamentó que los partidos políticos estén generando candidatos para quienes presentar propuestas de manera estructurada, conocer de fondo la problemática de seguridad y dialogar con la sociedad civil no sean prioridades, con algunas excepciones como se aprecia en Por un México Seguro.

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