Por: Arturo García Caudillo
Agencia Libertad ANI (México, 1 de junio).- Las recientes reducciones presupuestales a los Organismos Públicos Locales, tanto en Campeche como en la Ciudad de México, demuestran que existe un encono político en contra de las autoridades electorales, asegura el consejero del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama.
“Las reducciones a los presupuestos de los Organismos Públicos Locales no se corresponden con una situación de deterioro proporcional de las finanzas públicas, ni a nivel nacional ni a nivel local. Es decir, hay un especie de encono hacia las autoridades electorales, hacia la autonomía de las mismas. Siempre hemos dicho que lastimar presupuestalmente a las autoridades electorales tiene un propósito político, que es su debilitamiento para que no puedan cumplir con los propósitos que tanto la Constitución General de la República como las constiuciones de las entidades federativas les dan”., explicó Murayama Rendón.
La pregunta, que tiene fácil respuesta, añade, es “¿por qué si no hay una crisis fiscal en el país sí hay una crisis en las finanzas de los Oples? Pues porque hay una decisión política”.
De hecho, agregó, los Organismos Electorales responden al mandamiento de la Carta Magna y de las constitucionales estatales, de tal forma que cualquier decisión en contrario es inconstitucional.
Por ello, denunció como un acto ilegal la reducción del 50 por ciento del salario a los trabajadores del Organismo Electoral de Campeche: “Incluso de integrantes del Servicio Profesional Electoral que llegaron por concurso a sus cargos y cuya labor está definida en el catálogo de cargos del Servicio Electoral Nacional. Es decir, son funciones relevantes. ¿Y de cuándo acá puede haber decisiones administrativas para bajar a la mitad los salarios de algún trabajador? Perdón, pero es desconocer la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 105 años después”.
Y hasta comparó esta medida con la de las tiendas de raya que había antes de la Revolución: “Los trabajadores en México tienen derechos y entre esos derechos está la no retroactividad en materia salarial. Es atentar contra los derechos fundamentales. Y no podemos normalizar que los ingresos de gente que trabaja de forma honesta y profesional se vean reducidos por caprichos políticos”.
Y lo mismo ocurre en la Ciudad de México, añadió, donde la Secretaría de Finanzas, de forma ilegal, recortó en el Presupuesto de Egresos 754 millones de pesos al Ople capitalino, “esa no es atribución de la Secretaría de Finanzas. El Ejecutivo de la Ciudad de México está vulnerando la autonomía del Ople y violando la Constitución”.
Finalmente, aseguró que “cuando se toman decisiones que pasan por encima de autonomías, de normas y de constituciones, se está ante decisiones caprichosas y autoritarias que ponen en riesgo la viabilidad del Sistema Electoral Mexicano.
