LUIS FROYLÁN CASTAÑEDA
*DUARTE Y LOS CARROÑEROS DE SUS DESPOJOS
*LO TRAEN POR 96.6 ¿CUÁNTO SE ROBÓ(ARON)
*EL MORBO DE VER A LOS SAQUEADORES JUNTOS
*TIEMPO DE QUE EL FISCAL JUSTIFIQUE SU SALARIO
*UN APUNTE PERSONAL, PARA EL REGISTRO
Despojado del barullo ensordecedor que rodea su caso, lo sustantivo es que por vez primera en la historia de la entidad un exgobernador será presentado ante tribunales locales, acusado de saquear la Hacienda Pública en beneficio personal. En el juicio popular, César Duarte fue encontrado culpable cuando todavía oficiaba de gobernador, la derrota de su partido en las elecciones del 2016 es consecuencia directa de aquella sentencia popular. Su descrédito es tan grande hoy como entonces.
Si durante cuatro años evadió la justicia fue por correr a tiempo –huyó horas antes de entregar el cargo formalmente- y por la obsesión de Javier Corral en buscar venganza, más que justicia. Delirante retorció las leyes y sometió al Poder Judicial para engrosar expedientes sin reparar en posteriores consecuencias, pero la corrupción de Duarte era tanta que ni los atropellos legales de un gobernador alucinado fueron suficientes para justificar violaciones al debido proceso.
De aquel famoso “arsenal probatorio” que presumió Corral, el juez de Miami sólo encontró elementos suficientes para vincularlo por un desvío de 96,6 millones de pesos y la presunción de que actuó en complicidad con otros –delincuencia organizada- para desviarlo de cuentas estatales a sus bolsillos, triangulándolos por empresas de las que era socio mayoritario, la Sofom y la ganadera División del Norte.
¿Cuánto dinero sustrajo en realidad? o mejor pregunto: ¿Cuánto sustrajeron, pues actuaron como pandilla delictiva? En sus primeros arrebatos Corral hacía las cuentas en miles de millones de pesos, probablemente exagerando. Pero un exsecretario de Finanzas que conoció los entresijos del saqueo, me confesó que con el dinero robado hubiesen pavimentado con concreto hidráulico el periférico de la Juventud, ida y vuelta, y le hubiese sobrado para garantizar su vida y la de sus hijos.
Nunca sabremos la cantidad exacta, ni César Duarte la conoce, aquel sexenio demencial fue un monumento a la corrupción y al abuso del poder. Ahí debió quedarse, en la estricta aplicación de la ley, pero sabemos que casos así son acompañados de escandalosa estridencia política, particularmente el de Duarte, politizado desde la campaña electoral por el mismo Corral, que después terminó contaminando en gobierno, de modo que hoy los temas políticos y electoreros ensombrecen a la justicia.
Entre los carroñeros más oportunistas apareció primero Juan Carlos Loera, delegado federal. Todavía no pisaba Duarte territorio estatal y Loera ya cuestionaba la legitimidad de las autoridades locales para conducir el proceso: “Me preocupa que por una parte el gobierno estatal celebra la extradición del máximo saqueador, mientras que desde el principio de esta administración han sido liberados sus cómplices, y se han modificado leyes para que su grupo político se apodere de la impartición de la justicia”, declaró en sus redes.
Los chihuahuenses querían verlo en San Guillermo, a disposición de un juez local de control, son los primeros ofendidos del saqueo ¿por qué Loera insinúa que debe ser trasladado a Ciudad de México? No le importa donde lo juzguen, lo que pretende es lucrar con los despojos de César Duarte. Tras él llegarán otros carroñeros, los movidos por venganzas personales que durante su sexenio fueron incapaces de lograr su extradición. Mil veces repitieron Corral y sus asociados en la venganza que “Duarte está por ser extraditado, es cuestión de días”, estribillo mantenido hasta el final del quinquenio llevando al exgobernador al ridículo de repetir como ido: “ya viene Duarte, ya viene Duarte, ya viene Duarte”, cuando faltaban días para entregar el poder.
Hoy que está en Chihuahua uno de ellos es el primero en cuestionar la justicia local. ¿Por qué introducir elementos políticos en un caso que debe ser de estricta justicia? ¿han dado la Fiscalía o el Poder Judicial muestras objetivas de parcialidad? ¿Ven trato privilegiado? Todo lo contrario, el fiscal Fierro se declara listo para pedir el mayor castigo y la gobernadora Campos repitió el “ni perdón ni olvido para los exgobernadores”, cuidando no atentar contra el debido proceso. Demos un espacio a la justicia, las ofensas de César Duarte contra Chihuahua fueron demasiadas para que su caso esté dominado por la mezquindad del oportunismo político.
Rompeolas
La gobernadora Campos ha sido reiteradamente clara: “a los exgobernadores ni perdón ni olvido”. Con Duarte durmiendo en San Guillermo, aumenta el morbo popular de que pronto lo acompañe Javier Corral, la demanda de Sepúlveda está para ser ejecutada. ¿Será una de esas pocas veces de la historia en que la ficción popular se convierte en realidad? Imagino a los dos en celdas contiguas diciendo, derrotados, fuimos unos pendejos, mira quien gobierna y mira donde estamos nosotros, mientras maldicen su suerte.
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Ahora es cuando el Fiscal Roberto Fierro debe justificar su salario. Por su bien, por el bien del gobierno y el de los chihuahuenses que lo haga. Duarte debe pagar por sus latrocinios, a pesar de las inconsistencias con que la pasada administración integró las carpetas. No existe justificación alguna para el fracaso, Chihuahua exige un castigo ejemplar.
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Y ni modo, no pude resistir la tentación de referir que hace sólo días ésta columna fue la única que habló de la inminente extradición. “Entre abogados que ocupan la parte superior de la pirámide, los que tienen acceso a información privilegiada, otra vez escucho con frecuencia la versión de que César Duarte regresa pronto y directo a su alojamiento privado en San Guillermo, nada de hacer escalas en el Altiplano”, publiqué el 24 de mayo. Queda el apunte, para el registro.
