Por Irma Lozada Agencia Libertad ANI (México 29 de enero de 2023).- En materia de atención de personas usuarias de sustancias psicoactivas, la reducción de daños y riesgos debe ser una política pública con enfoque de derechos humanos dirigida a Grupos de Atención Prioritaria que históricamente han sido estigmatizados, criminalizados e, incluso, deshumanizados.
Así lo destacó la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), Nashieli Ramírez Hernández, durante la instalación del Comité Interinstitucional de Reducción de Daños de la Ciudad de México, llevada a cabo por la Comisión Nacional Contra las Adicciones (CONADIC).
Expuso que las instituciones deben tomar en cuenta la existencia de impactos diferenciados y experiencias vitales específicas, en personas en quienes se acumulan causas que detonan desigualdad en un contexto determinado y para quienes, por tanto, es preciso diseñar medidas específicas de acompañamiento.
La Ombudsperson capitalina enfatizó que las instituciones requieren considerar cuáles son los patrones de omisión en la satisfacción de derechos hacia las personas usuarias, porque lejos de garantizar el derecho a la salud integral, se les ha expuesto al rechazo o humillación.
Sostuvo que continuar apostando al tratamiento como al objetivo primario de la abstinencia, en lugar de ampliar la visión de prevención, es alimentar una estrategia fallida.
Ramírez Hernández indicó que se requiere contar con medidas alternativas para promover el bienestar de las personas y el cuidado de su salud, aun cuando el consumo persista.
Para la CDHCM, enfatizó, la reducción de daños y riesgos busca dignificar la atención que se le brinda a este grupo de personas, sin condicionarlas a metas u objetivos que, en muchos de los casos, no corresponden con su realidad social y personal.
Por ese motivo, celebró la instalación del Comité Interinstitucional en la sede de la CDHCM porque se tiene un enfoque de derechos humanos en la atención que se brinda, no sólo de la práctica médica, sino de quienes conforman el servicio público.
El Comisionado Nacional Contra las Adicciones, Gady Zabicky Sirot, sostuvo que por usar drogas no nos convertimos en “ciudadanos de segunda clase”, no perdemos los derechos y ni la atención médica.
Por eso, dijo, se está trabajando en una estrategia más humanista, donde el eje principal es la reducción de daños y riesgos en la política pública, pero sobre todo el acceso a su derecho a la salud.
El Director General de Diversidad Sexual y Derechos Humanos de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, Jaime Rubén Morales Beltrán, afirmó que es momento de dejar de criminalizar a las personas usuarias porque tienen derecho a no ser estigmatizadas y excluidas; las instituciones tienen la obligación de atender este problema.
En tanto, el Director General del Instituto de Atención y Prevención de Adicciones de la Ciudad de México, José Antonio Alcocer Sánchez, consideró que esta alianza abre la puerta a todas las personas usuarias para entender su situación, privilegiando el ejercicio de su derecho a recibir servicios de salud.
La Directora de la Comisión Nacional Contra las Adicciones, Evalinda Barrón Velázquez, señaló que la protección de las personas debe ser el eje de una política pública digna, a través de la cual las personas usuarias cuenten con información basada en evidencia científica sobre control de consumo para reducir riesgos.
En la instalación del Comité Interinstitucional de Reducción de Daños de la Ciudad de México también participó la Directora Ejecutiva Inspira Cambio A.C., Hilda Peñaloza Andaluz; la Presidenta Hacia la Vida Digna de Todas las Personas. ReverdeSer Colectivo A.C., Amaya Ordorika Imaz; y la representante de REDUMEX y Prevencasa A.C. (Tijuana, Baja California), Lilia Pacheco Bufanda.
