• En la Ciudad de México se calculan más de 10 mil personas trabajadoras voluntarias en el servicio público de limpia que no tienen seguridad social.
Por A. Venegas Agencia Libertad ANI (México 13 de abril de 2023).- Es de vital importancia transitar hacia una política pública integral que incluya a las personas recolectoras informales en los sistemas de gestión de residuos, mediante un marco normativo preciso que las reconozca formalmente.
Así lo destacó la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), Nashieli Ramírez Hernández, en la Mesa de Diálogo «Recomendación 07/2016 de la CDHCM. Avances y retos en los derechos de las personas trabajadoras voluntarias del servicio público de limpia», instrumento que calificó como único en el país.
Recordó que el 14 de julio de 2016 este Organismo emitió la citada Recomendación a las Secretarías del Medio Ambiente, de Obras y Servicios y a las 16 Alcaldías, por omisiones en el sistema de recolección, separación y destino final de residuos sólidos, así como en la generación de condiciones para el trabajo digno de las personas que realizan esas actividades.
La Ombudsperson capitalina resaltó que las personas recolectoras informales garantizan labores para que la población acceda a un nivel de vida adecuado a través de los servicios de limpia, que son responsabilidad de los gobiernos central y local.
Señaló que, aunque la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal mantiene la prohibición de las actividades de “pepena”, el Programa de Gestión Integral de Residuos para la Ciudad de México 2021-2025 visibiliza la necesidad de reconocer la labor que realizan las personas trabajadoras de limpia voluntarias e informales.
“El trabajo de las y los recolectores es fundamental para la vida de las ciudades. No podemos vivir las metrópolis, ni su desarrollo, ni su vida cotidiana, si no se toma en cuenta este trabajo”, subrayó.
A su vez, la Relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Soledad García Muñoz, indicó que los Estados americanos deben avanzar en el reconocimiento de las contribuciones sociales, económicas y ambientales de las personas recicladoras en empleo informal.
Expuso que es necesario respetar y garantizar sus derechos de manera efectiva, y para ello se debe tomar en cuenta la importante labor que desarrollan, además de la situación de vulnerabilidad en que viven y realizan sus tareas, en un contexto marcado por la discriminación y la criminalización de la pobreza.
Indicó que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha reconocido que en el mundo hay 24 millones de personas que dependen del reciclaje; de los cuales, 20 millones son trabajadoras en empleo informal, siendo mujeres quienes más se dedican a esta actividad.
Agregó que según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en Latinoamérica hay más de 4 millones de personas que encuentran su sustento en la recuperación, recolección, transporte y comercialización de residuos reciclables.
Sin embargo, alertó; las personas recicladoras en empleo informal no son reconocidas como trabajadoras, ni cuentan con ningún tipo de protección laboral o social, trabajan en condiciones antihigiénicas precarias y son discriminadas por la sociedad y por las autoridades.
En su oportunidad, la Consejera de la CDHCM y Coordinadora para Latinoamérica del Programa de Derecho en Women in Informal Employment Globalizing and Organizing (WIEGO por sus siglas en inglés), Tania Espinosa Sánchez, aseveró que las autoridades capitalinas están obligadas a reconocer los derechos laborales de este sector.
Señaló que de acuerdo con la Sección 1 del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, hay aproximadamente 14 mil personas basificadas en el servicio de limpia; pero también hay más de 10 mil que son voluntarias y voluntarios, lo que significa que no tienen seguridad social.
El experto independiente del programa Harmony With Nature de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Jorge Calderón Gamboa, consideró que la Recomendación 07/2016 de la CDHCM puede ser un punto de partida para un eventual litigio estratégico ante órganos jurisdiccionales y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
