Por: Arturo García Caudillo
Agencia Libertad ANI (México, 8 de febrero de 2024).- Tras la confirmación de la sanción que le fue impuesta por el Tribunal Electoral, por cometer violencia política de género en contra de la diputada trans de Morena, Salma Luévano, la legisladora panista María Teresa Castell, aseguró que cumplirá con la exigencia de la autoridad, aunque no esté de acuerdo.
“Vamos por supuesto a acatar los absurdos y los ridículos que me está pidiendo hoy el Tribunal Electoral en temas de la sanción, por supuesto que verán lo que me pide, que es un absurdo. Me pide pedir disculpas, para lo cual por supuesto no estoy de acuerdo y lo haré, porque soy una mujer de leyes, pero eso no quiere decir que esté de acuerdo”, señaló la diputada blanquiazul.
Pero además, será incluida en el libro de violentadores por espacio de un año, “podré ir cien años, pero seguiré defendiendo a la mujer por encima de un hombre biológico y a los niños mucho más. Podré ir a donde quieran con sus castigos, nada ni nadie me va a detener por la defensa de la mujer y el embate que tenemos hacia nuestros niños por la ideología de género”.
Al mismo tiempo denunció que ha sido amedrentada, violentada y acosada por la gente que ha salido en defensa de los transgénero, “y hoy se defiende a un hombre, a un transexual, por el simple hecho de decir que se siente mujer y no, las mujeres somos mucho más que eso”.
Luego de estas declaraciones, Castell se paseó por el salón de Plenos del Palacio Legislativo de San Lázaro con una pancarta en la que un transexual empuja a una figura femenina, lo que provocó que la diputada trans María Clemente, demandara de la presidenta de la Mesa Directiva, Marcela Guerra, poner orden en la sala.
Guerra Castillo reconvino a Castell por considerar que estaban celebrando sesión solemne en conmemoración del 107 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917 y por tanto no era el momento para sus reclamos.
La respuesta de Castell fue que por ser legisladora no podía ser reconvenida por sus dichos, pero el uso del micrófono le sirvió para hacer pública su inconformidad con la resolución del TEPJF.
Y es que un poco más temprano, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó, por unanimidad de votos, la resolución de la Sala Regional Especializada en la que determinó la existencia de violencia política en razón de género atribuida a la diputada federal María Teresa Castell de Oro Palacios y Óscar Limeta Meléndez, con motivo de diversas manifestaciones y publicaciones en redes sociales que negaron la identidad como mujer trans de la diputada Salma Luévano Luna.
Inconforme con lo anterior, la diputada denunciada impugnó la resolución, al considerar que, en su concepto, sus manifestaciones se encontraban amparadas dentro de la inviolabilidad parlamentaria y la libertad de expresión, por lo que no configuran violencia política de género.
La Sala Superior, a propuesta de la magistrada Janine Otálora, determinó que las manifestaciones denunciadas negaron la identidad de género de las legisladoras trans y atribuyeron características negativas por el hecho de serlo, lo que conforme a la doctrina desarrollada por este órgano jurisdiccional actualiza la violencia política en razón de género.
