Por Irma Lozada Agencia Libertad ANI (México 04 de diciembre de 2022).- Han pasado 30 años desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró ayer 3 de diciembre como “Día Internacional de las Personas con Discapacidad”, y 15 años de que México suscribió la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y ratificó su Protocolo Facultativo.
En este tiempo, se han registrado avances importantes que han colocado a los derechos de las personas con discapacidad en la agenda pública y en la política social de nuestro país, por el permanente impulso de las propias personas con discapacidad y sus organizaciones junto con el trabajo de algunas autoridades que han tomado la responsabilidad que les confiere la legislación en esta materia. Sin embargo, estos avances no han sido suficientes para poder transitar significativamente del modelo médico asistencialista al modelo social que promueve la Convención.
El 2022 ha simbolizado un momento coyuntural que puede resultar fundamental en el logro de la transición del modelo médico asistencialista al modelo social de la discapacidad, además de trazar la ruta hacia la inclusión y el ejercicio pleno de los derechos, tomando en cuenta que se han presentado tres importantes acontecimientos: primero, la presentación de la iniciativa para que nuestro país cuente el primer Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares; en segundo lugar, la publicación de las reformas a la Ley General de Salud en materia de salud mental; y en tercer lugar, la obligatoriedad del cumplimiento de procesos de consulta y participación adecuados a los estándares fijados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para la validez formal de leyes y política pública determinante para el ejercicio de derechos de personas con discapacidad.
Ante estos hechos, se hace visible un conjunto de desafíos estructurales por venir, pero necesaria e inexcusablemente atendibles por las autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Ciudad de México, en aras de construir el andamiaje legislativo y de políticas públicas que requiere el verdadero cambio de paradigma.
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) reconoce la trascendencia de estos desafíos y alienta a las autoridades capitalinas a enfocar sus esfuerzos en la eliminación de cualquier mecanismo de sustitución de la voluntad que subsista en la legislación, como lo es el juicio de interdicción, y reconocer plenamente el derecho a la capacidad jurídica de todas las personas con discapacidad.
A la par, este Organismo hace un llamado a crear y consolidar un sistema de apoyos para la toma de decisiones, que además sirva como modelo en el diseño de los sistemas de apoyos y de servicios inclusivos basados en la comunidad, para fomentar la vida independiente de las personas con discapacidad alineados a un sistema de cuidados.
Reitera la necesidad de elaborar un programa de desinstitucionalización progresiva y de erradicación del modelo psiquiátrico asilar, así como a introducir servicios psiquiátricos con un enfoque comunitario asegurando que ahora se proporcionen sobre la base del consentimiento libre e informado.
Sumado a lo anterior, la CDHCM pondera que es de la mayor importancia regular los mecanismos de consulta y participación estrecha y efectiva de las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan, en todos los temas que les incumben, porque la consulta es su derecho y su cumplimiento constituye el mecanismo que garantiza la satisfacción de otros, como a vivir de forma independiente y a ser incluida en la comunidad, al reconocimiento y respeto de su capacidad jurídica, a la accesibilidad, a la igualdad y a la no discriminación, entre otros.
Sin duda, enfrentar y resolver estos retos es una oportunidad significativa para crear las condiciones de inclusión necesarias en el adecuado ejercicio de los derechos, que será necesario monitorear y acompañar como parte de una agenda de trabajo interinstitucional, para asegurar que no existan medidas regresivas o que perpetúen la discriminación hacia las personas con discapacidad.
