*Se busca desincentivar el comercio de personas
Redacción
Agencia Libertad ANI (México 01 junio).- La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la pena de ocho a dieciséis años de prisión prevista en el artículo 159 de la Ley de Migración, para castigar el delito de tráfico de indocumentados es constitucional, por ser acorde a los principios de igualdad y proporcionalidad de la pena.
Explicó que esta decisión emana de la revisión de una sentencia de amparo directo concedido a una persona condenada por el delito antes mencionado.
Indicó que en desacuerdo, el inculpado interpuso un recurso de revisión en el que alegó la inconstitucionalidad de la pena prevista para sancionar el tráfico de indocumentados por ser discriminatoria y desproporcional con la conducta ilícita.
En su sentencia, la Primera Sala retomó las consideraciones de constitucionalidad
vertidas en precedentes relativos al abrogado artículo 138 de la Ley General de
Población, cuyo contenido se reprodujo en la Ley de Migración en la porción
normativa analizada.
En este sentido, deliberó que la pena de prisión prevista en la norma reclamada se justifica en razón de la intención del legislador de desincentivar la comisión del delito de tráfico de personas indocumentadas, debido a las constantes violaciones a sus derechos humanos por parte de organizaciones criminales.
Además, la Primera Sala determinó que la pena referida no resulta desmedida en
comparación con las penas establecidas para otros delitos que atentan contra los
mismos bienes jurídicos protegidos, como el control de los flujos migratorios, la
salud pública, los derechos humanos de los inmigrantes, el respeto al orden jurídico
y la seguridad nacional.
Por tanto, concluyó que es acorde con el principio de proporcionalidad establecido en el artículo 22 constitucional.
Asimismo, el Alto Tribunal estimó que el artículo impugnado no prevé un trato
discriminatorio frente al migrante, toda vez que el propósito del legislador derivó
precisamente de la necesidad de proteger a esa clase desvalida, impidiendo que
por su situación vulnerable se convierta en víctima de quienes realizan una actividad
ilícita.
Al respecto, destacó que la norma en estudio en ningún momento prohíbe que los
extranjeros sean albergados o transportados, ni otorga un trato desigual al migrante,
sino que busca inhibir que estas conductas se realicen para obtener un lucro
coadyuvando a que los migrantes evadan la revisión migratoria.
