Por: Arturo García Caudillo
Agencia Libertad ANI (México, 31 de Mayo).- El Instituto Nacional Electoral se enfrenta a trabas procedentes de diferentes autoridades, incluida la Fiscalía General de la República (FGR), que le impiden cumplir con su función fiscalizadora, acusan integrantes del Consejo General del INE.
La consejera Carla Humphrey, explicó que la negativa y demora en la entrega de la información, “constituye a todas luces una clara obstaculización a las labores de investigación de esta autoridad que no tienen sustento en el contexto de un estado democrático de derecho y de adecuada interacción entre autoridades. Me preocupa especialmente el caso de la Fiscalía General de la República, cuya información resulta esencial para la sustanciación y adecuada resolución de diversos expedientes que resultan del mayor interés nacional por las presuntas faltas que se investigan, como el presunto financiamiento ilícito en campañas electorales o bien, la recepción de financiamiento proveniente de fuentes prohibidas”.
Poner obstáculos o trabas innecesarias y que carecen de sustento normativo a la labor de alguna autoridad, como en este caso el Instituto Nacional Electoral, “no sólo impide que éste cumpla con sus obligaciones legales, sino que además violenta el régimen democrático porque se pretende supeditar un órgano a otra autoridad”.
Por su parte, al dar a conocer el informe de la Comisión de Fiscalización del INE respecto del estado jurídico que guardan los Procedimientos Administrativos Sancionadores que se encuentran en trámite, así como las sanciones impuestas de 2016 a 2022, el consejero Jaime Rivera, mencionó que la Unidad Técnica de Fiscalización tiene a la fecha 359 procedimientos en trámite y tres acatamientos pendientes de presentar al pleno de la autoridad electoral.
“No se trata sólo de cifras, hay algunos casos en los que el INE ha hecho solicitudes de información a autoridades encargadas de investigar posibles delitos electorales o federales, pero que a la fecha las autoridades aludidas han sido omisas en el desahogo de los requerimientos”, indicó, al explicar que dichos organismos tienen la obligación de acatar las sentencias dictadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por tratarse de la última instancia jurisdiccional en materia electoral.
CASOS ODEBRECHT, ESTAFA MAESTRA Y PÍO LÓPEZ OBRADOR
Mientras tanto, el consejero Ciro Murayama, explicó que hay cuatro casos que el INE lleva tiempo investigando y que mediáticamente son de la mayor relevancia, “unos más recientes, otros antiguos, me refiero a los casos Odebrecht, Estafa Maestra, Pío López Obrador, y más recientemente eventos del partido Movimiento Ciudadano no reportados en Baja California, sobre los cuales la Unidad Técnica de Fiscalización ha requerido información a las autoridades adscritas, a la Fiscalía General de la República y, en particular, a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, y se ha enfrentado a una negativa”.
Incluso mencionó que en los casos Estafa Maestra y Pio López Obrador, la Sala Superior del TEPJF y la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya le habían dado la razón al INE para que la Fiscalía entregara la información, sin embargo, un acuerdo de la Ministra Yasmín Esquivel, del 19 de abril, protegió la información referida “y esto no puede pasar desapercibido”.
En el mismo sentido, la consejera Claudia Zavala externó su preocupación por el hecho de que estos procesos de investigación lleven tanto tiempo, por lo que se preguntó el por qué de la resistencia de las autoridades: “Es evidente que esa protección se lleva a cabo”, aseguró, al tiempo que lamentó que siga la resistencia en temas tan relevantes sobre los cuales la sociedad mexicana está esperando respuestas, “porque es un desacato contumaz a una decisión jurisdiccional”.
